Transparencia estatal en la emergencia por COVID-19

Un primer análisis de la información sobre las emergencia sanitaria publicada en sitios web oficiales muestra que 24 entidades federativas y el Gobierno Federal han habilitado ya micrositios para publicar información relevante sobre la acción gubernamental en la epidemia. Los 8 estados restantes, Campeche, Chiapas, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y  Tlaxcala, no tienen aún un micrositio que concentre la información pública gubernamental en un solo punto. El ciudadano tiene que buscar en distintas páginas o incluso en redes sociales, la información sobre las acciones gubernamentales en su estado. En momentos de emergencia es vital concentrar y publicar la información relevante en un solo sitio, tanto para facilitar al ciudadano la identificación de información objetiva, como para reducir riesgos de corrupción en el manejo de los recursos públicos utilizados.

De acuerdo con Transparencia Mexicana y Tojil, la información mínima que debe publicar un micrositio está dentro de tres grandes categorías: (1) la información sobre el control de la epidemia (medidas sanitarias para la población, estadística sobre contagios, decesos, recuperaciones y casos sospechosos), (2) la información sobre los planes, programas y acciones para enfrentar la epidemia y sus consecuencias económicas y sociales, y (3) la información sobre los recursos económicos y financieros que se destinarán a su atención. Del análisis de la información se advierte que los micrositios de Jalisco, Guerrero y Michoacán son los únicos que hasta el momento cuentan con información sobre estas tres categorías en el mismo sitio.

Un primer análisis de la información publicada  en las páginas oficiales de las entidades y la federación.

Trece estados de la república no han publicado aún en los sitios web de gobierno información estadística actualizada y detallada sobre contagios, decesos y recuperaciones asociados con COVID-19 en su entidad. Se trata de Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. En algunos casos, las entidades federativas vinculan a la página de la Secretaría de Salud Federal. En otros casos, se incluyen videos informativos donde se mencionan las estadísticas. Las organizaciones exhortaron a las autoridades federal y estatales a publicar las bases de datos completas, e idealmente, en formato de datos abiertos. 

27 de las 32 entidades federativas (84%) publican las líneas de emergencia e información sobre los cuidados que deben tener las personas y comunidades, pero la información sobre los planes anunciados para enfrentar la emergencia solo está disponible en 14 estados (44%). Esto significa que 18 estados del país todavía no publican en sus sitios web información sobre los planes que han anunciado para atender la emergencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales.

Quince entidades federativas (47%) publican información en sus páginas web oficiales sobre los programas y acciones que se utilizarán para atender las consecuencias económicas y sociales de la emergencia. La información sobre el soporte legal (decretos o acuerdos, entre otros) solo ha sido publicada por los gobiernos de 7 estados (22%). Y solo 3 estados del país publican en su página web información sobre los recursos económicos y financieros que se destinarán a la emergencia. 

La mayor parte de los planes, fondos, programas y acciones sólo están descritos en videos o mensajes transmitidos por redes sociales. Al analizar las páginas web de los gobiernos de los estados, las organizaciones identificaron acciones anunciadas que no cuentan todavía con el soporte legal necesario o videos cortos que presentan la entrega de apoyos como un asunto personal de los titulares de los poderes ejecutivos estatales, con el riesgo de que sean utilizadas como mecanismos de propaganda personal de los funcionarios a cargo. 

Aunque es fundamental acercar información a las personas a través de youtube, facebook o twitter, o de videos cortos, el uso de estas plataformas no garantiza el derecho a saber de las ciudadanos. La información gubernamental debe entregarse de forma oportuna, completa y en los formatos apropiados, como instruye el artículo sexto de nuestra Constitución. 

La transparencia es central para evitar que los apoyos económicos a entregar en los próximos meses sean “capturados” por grupos económicos afines a los gobiernos o bien por estructuras clientelares que persiguen fines electorales, como se ha visto en otras emergencias y desastres naturales.

Recomendaciones 

Los gobiernos deben habilitar sitios web o micrositios que concentren en una sola plataforma oficial información sobre:

(a) bases de datos de estadística pública sobre casos, contagios, decesos y recuperaciones; líneas de emergencia y acciones de cuidado

(b) los planes para enfrentar la emergencia y sus consecuencias económicas y sociales 

(c) la relación completa de los programas y acciones que las autoridades estatales emprenderán, así como las reglas de operación o las convocatorias públicas

(d) el soporte legal para los planes, programas y acciones (acuerdos y decretos, entre otros)

(e) un presupuesto detallado sobre el origen y destino de los recursos utilizados y por utilizar en durante la emergencia y al enfrentar sus consecuencias económicas y sociales

En cumplimiento de lo que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información debe publicarse en formatos que eviten discriminación y aseguren la pertinencia cultural, es decir, en lenguas indígenas cuando sea el caso y en formatos accesibles para las personas con alguna discapacidad. Esto es especialmente importante en una epidemia que de acuerdo con estimaciones oficiales afectará a más del 70% de la población del país. 

Sobre el mecanismo de seguimiento a los planes, programas y acciones

Este esfuerzo de sistematización a nivel nacional, establecido con el propósito de que los recursos para enfrentar la emergencia y sus consecuencias lleguen a las personas que realmente lo necesitan, continuará identificando los planes, programas, acciones y recursos para este importante reto de salud pública. 

Tojil y Transparencia Mexicana informaron que este ejercicio se mantendrá durante la contingencia y sus efectos, actualizando la información conforme los gobiernos la publiquen. Informaron también que en coordinación con otras organizaciones civiles y académicas analizaran a profundidad cada uno de los planes estatales con el ánimo de identificar buenas prácticas que podrían ser replicadas en otras entidades federativas. 

¹A la fecha se han sumado los CPC-SLA de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. En otras entidades federativas se sumaron organizaciones ciudadanas especializadas en la materia.

Sobre Tojil y Transparencia Mexicana 

Transparencia Mexicana es la oficina en México de Transparencia Internacional. Tojil es una organización civil mexicana especializada en el análisis y definición de estrategias contra la impunidad. Los Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Estatales Anticorrupción son figuras creadas por la reforma anticorrupción de 2015 con el propósito de vincular las acciones cívicas con las agencias gubernamentales especializadas en el tema.