• El objetivo de la licitación fue la adquisición de equipos de cómputo con características técnicas idóneas para los niños de 5° y 6° de primaria. No fue una licitación de modelos preestablecidos, marcas o fabricantes.
  • Por ello, de acuerdo con los artículos 46, 50 y 52 de la Ley de Adquisiciones, el cambio de fabricante no constituyó impedimento legal para la firma del contrato.
  • En cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, el cambio de fabricante en la adquisición de 240 mil equipos de cómputo, se realizó sin modificar las condiciones de precio, anticipo, pagos progresivos y especificaciones ofertadas originalmente por el proveedor.
  • La SEP ha tomado medidas precautorias para vigilar el cumplimiento de los contratos conforme a las condiciones establecidas en el mismo.
  • Transparencia Mexicana informa que no se han recibido denuncias o inconformidades formales sobre este proceso ante el Órgano Interno de Control de la SEP o la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley.

 

Ciudad de México, 19 de junio de 2013.- Ante las dudas expresadas en la opinión pública sobre el cambio de fabricante en el proceso de licitación de los equipos tipo laptop que la Secretaría de Educación Pública decidió adquirir para entregar a los niños de 5to y 6to de primaria de los estados de Colima, Sonora y Tabasco en cumplimiento de lo que instruyó la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), Transparencia Mexicana informa:

Que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente, señala en su artículo 52 que se podrán hacer modificaciones a los contratos siempre y cuando no se modifiquen las condiciones de precio, anticipo, pagos progresivos y especificaciones, comparadas con las establecidas originalmente; y en el artículo 46, quinto párrafo, la misma ley ordena que las obligaciones a cargo del proveedor no podrán ser transferidas en favor de terceros, por lo que los licitantes adjudicados son los únicos responsables en el cumplimiento de las obligaciones del contrato frente al Estado mexicano.

En el caso particular de los equipos licitados mediante subasta en reversa por la Secretaría de Educación Pública, Transparencia Mexicana informa que en cumplimiento estricto de lo que la Ley establece, y una vez notificada la Secretaría de Educación Pública (SEP) del cambio de fabricante, se consultó a la mesa de acompañamiento preventivo integrada por representantes de la Oficialía Mayor de la SEP, de la Secretaría de la Función Pública (SFP), del Órgano Interno de Control de la SEP y de la Subsecretaría de Educación Básica, para analizar si el cambio de fabricante alteraba la propuesta técnica y financiera presentada por las empresas ganadoras de la licitación, y sus implicaciones para el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por la SEP. Ese grupo de trabajo concluyó, en presencia de Transparencia Mexicana, que no habiendo modificación en las condiciones ofertadas por los ganadores de la licitación, debía procederse, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y en la convocatoria de esta licitación, a la firma de los contratos.

Posterior a la firma del contrato y como una medida precautoria, la SEP y el proveedor firmaron un convenio adicional que faculta a la SEP para realizar inspecciones de los equipos en las instalaciones del fabricante y que obliga al proveedor a presentar informes quincenales sobre las pruebas de control de calidad que realice. Esta medida preventiva se suma a las fianzas y garantías establecidas en el contrato.

Transparencia Mexicana ha leído con atención, versiones periodísticas que sugieren “anomalías” en el proceso de firma de los contratos, en las que se argumenta que las empresas ganadoras no se encuentran en posibilidad de entregar los equipos contratados. Más allá de las inconsistencias de estas versiones periodísticas que un día señalan a un fabricante como incapaz de proveer un bien y días después como capaz de hacerlo eficazmente, es fundamental recordar que ninguna de las empresas concursantes que han sido citadas como fuentes de estas versiones periodísticas presentó queja o inconformidad formal ante la autoridad correspondiente o ante Transparencia Mexicana.

En el Estado de Derecho para pasar de los dichos, garantizados por nuestra libertad de expresión, a las denuncias o inconformidades formales, éstas deben presentarse ante la autoridad competente, o bien, ser informadas directamente al Testigo Social, quien está obligado por ley a presentar las denuncias correspondientes. Hasta el día de hoy, Transparencia Mexicana no ha recibido notificación sobre la presentación formal de denuncias o inconformidades sobre este proceso ante el Órgano Interno de Control de la SEP o la Secretaría de la Función Pública. Hasta ahora se trata exclusivamente de versiones periodísticas.

Sin ánimo especulativo, se entiende que hay partes interesadas, que saldrían beneficiadas con la descalificación del actual proveedor. En términos de precio, asignar estos contratos a cada uno de los segundos lugares, significaría un incremento de precio de un dólar por cada equipo adquirido, lo que supondría que la SEP tendría que erogar 240 mil dólares adicionales, equivalentes a 3 millones de pesos. Hasta ahora, los ahorros respecto al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para la compra de laptops son superiores a los 227 millones de pesos.

Como Testigo Social de un proceso de licitación, Transparencia Mexicana está obligada a verificar que cada acto de autoridad se sujete a lo que marca la Ley. Las razones o motivos para descalificar a un concursante o rescindir un contrato están claramente expresadas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Transparencia Mexicana reitera que de encontrarse ante uno de sus causales, recomendará la rescisión del contrato correspondiente.

Transparencia Mexicana seguirá informando, como hasta ahora lo ha hecho, los detalles de cada etapa de la licitación a través de su cuenta de Twitter @IntegridadMx mediante #TestigoSocialSEP. Transparencia Mexicana reitera su disposición de continuar respondiendo a los cuestionamientos e inquietudes de la sociedad sobre este proceso, pero sobre todo, reitera que de no encontrar las condiciones de legalidad e integridad, no dudará en retirarse unilateralmente del proceso. Toda inquietud que Transparencia Mexicana ha recibido ha sido debidamente respondida o canalizada a las instancias correspondientes, para su atención.