A 100 días de #SusanaVigilancia: ¿qué riesgos siguen latentes en COVID-19?

A 100 días del inicio de las medidas de distanciamiento social por COVID-19 y del Mecanismo de seguimiento a planes, fondos, programas y acciones –conocido como #SusanaVigilancia–,  Transparencia Mexicana y Tojil presentamos los riesgos de corrupción y opacidad que, pese a diferentes esfuerzos civiles y gubernamentales, siguen latentes:

1. Diferentes niveles de información pública en el país. A nivel nacional no hay homogeneidad sobre la información publicada en los micrositios estatales. 10 estados –Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz– no publican información sobre planes, programas o acciones para enfrentar la emergencia sanitaria y sus efectos. Los diferentes niveles de información en micrositios oficiales limitan el derecho a saber de las personas.
2. Dispersión de la información publicada en diferentes canales. #SusanaVigilancia ha ubicado por lo menos 53 micrositios a nivel estatal con diferentes tipos de información sobre COVID-19 y sus consecuencias económicas. 12 estados tienen dos o más micrositios especializados, lo que genera dispersión de la información sobre los actos de autoridad. Es necesario que la información sobre la emergencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales estén en un solo micrositio especializado por estado, y que la autoridad que lo aloje sea responsable jurídicamente de la veracidad de la información publicada. 
3. No se cuenta aún con información detallada que permita la rendición de cuentas sobre las acciones emprendidas a partir de la pandemia. Al día de hoy, 22 gobiernos estatales y el Gobierno Federal publican información sobre programas y acciones en el marco de la emergencia, aunque no en todos los casos publican reglas de operación, el presupuesto asignado y su avance. 
4. Déficit importante en términos de transparencia presupuestaria. Solo 20 entidades publican información que permita estimar cuánto destinarán a la emergencia y sus consecuencias económicas. Al día de hoy, Transparencia Mexicana y Tojil han identificado, en páginas oficiales de los estados, recursos por más de 28 mil millones de pesos ($28.475.953.131,89). En el caso del Gobierno Federal #SusanaVigilancia identificó en el sitio web oficial de la Presidencia, el anuncio de más de 622 mil millones de pesos para mitigar los efectos de la emergencia. En total, entre Federación y 20 estados de la República, se estima un presupuesto de más de 650 mil millones de pesos ($651.040.953.131,89).
5. No se transparentan apropiadamente las contrataciones gubernamentales. A cuatro meses de que se registrara el primer contagio de COVID-19 en México, 21 estados del país no transparentan las contrataciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria. Es inaceptable que en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán no se puedan consultar las contrataciones realizadas en un contexto de emergencia detallando como mínimo el bien o servicio contratado, el monto, la razón social y RFC del proveedor. Aunque con diferentes niveles de información y de apertura de datos entre los 11 estados que sí publican, se han ejercido más de 4 mil 500 millones de pesos ($4.583.120.265,68) en contrataciones por COVID-19. 
6. Los créditos a empresas y productores no son transparentes en la mayor parte del país. #SusanaVigilancia ha identificado que sólo en nueve estados es posible estimar los recursos financieros totales que se entregarán en forma de créditos. En conjunto, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora y Zacatecas otorgarán más de tres mil millones de pesos en créditos ($3.013.000.000,00).
7. Opacidad en la deuda pública adquirida. Sólo Guanajuato y Jalisco publican los montos de deuda –en conjunto por más de 11 mil millones de pesos– que han contratado con motivo de la crisis. Los estados y la Federación han sido omisos en la publicación de montos de deuda en sus micrositios oficiales de COVID-19.
8. Ausencia, y hasta omisiones, de los Congresos en términos de fiscalización. En la emergencia, los órganos legislativos no han usado su facultad de fiscalización a los poderes ejecutivos en términos de seguimiento al uso de recursos para atender la emergencia y mitigar sus efectos. De los 34 órganos legislativos, sólo dos han activado mecanismos de fiscalización. Los congresos de Sonora y Coahuila activaron comisiones de vigilancia. Sonora, además, es el único estado que ha activado una auditoría especial para vigilar los recursos ejercidos por COVID-19.
9. Dificultades en el acceso a la justicia. Al inicio de la contingencia, el Poder Judicial Federal y 32 poderes judiciales implementaron la suspensión de plazos judiciales y habilitaron sólo la atención a casos “urgentes”. La suspensión de plazos judiciales ha significado limitación al acceso a la justicia para las personas. Al 29 de junio, el Poder Judicial de la Federación y 11 poderes judiciales han reactivado sus plazos,  por lo que el resto de las entidades continúan con plazos suspendidos, destacando el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que reactivará sus plazos hasta el 3 de agosto.
10. Transparencia judicial limitada. Aunque por disposición constitucional las audiencias en materia penal son públicas, al momento solo el Estado de Coahuila prevé mecanismos para dar publicidad a estas audiencias cuando se llevan a cabo por videoconferencias; el resto de poderes judiciales aún no transparenta sus audiencias penales a través de mecanismos digitales.

A 100 días del inicio del distanciamiento social, el balance advierte áreas de oportunidad que requieren atención urgente por parte de los gobiernos. Transparencia Mexicana y Tojil hemos señalado que los avances en términos de transparencia e información han sido posibles por la escucha activa de algunos gobiernos y poderes y, sobre todo, porque hay sociedad civil activa, incluyendo Comités de Participación Ciudadana, que han abrazado y defendido el seguimiento a planes, fondos, programas y acciones en sus estados.