Congresos: ¿están aprovechando la figura de las comisiones especiales para COVID-19?

La Unidad para la Transformación de los Congresos (U-TRAC) de Transparencia Mexicana se sumó esta semana al Mecanismo de seguimiento de planes, programas y acciones para la atención de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas de Tojil y Transparencia Mexicana, conocido como #Susana Vigilancia.

Se analizaron las acciones de los 34 órganos legislativos del país (32 congresos locales y dos órganos federales) en términos del uso de sus facultades constitucionales y legales para dar seguimiento puntual de los recursos públicos y las acciones emprendidas tras la pandemia. 

Aunque en materia de la emergencia sanitaria han comparecido funcionarios federales y estatales ante el congreso federal y locales, tras 100 días de la declaratoria de emergencia, sólo dos Congresos locales, el de Sonora y el de Coahuila, han creado comisiones especiales de seguimiento específico a temas relacionados con el COVID-19. En el caso de Coahuila el acuerdo publicado no permite entender con precisión su alcance y objetivos específicos.

En el plano federal, ni el Senado ni la Cámara de Diputados han creado comisiones especiales de seguimiento al gasto o responsabilidades durante la pandemia. En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hay una propuesta de exhorto para iniciar un proceso de fiscalización especial de los recursos, pero hasta el día lunes 22 de junio, no había sido aprobado por el pleno. Aunque los y las legisladoras se han pronunciado en sendos comunicados y redes sociales a favor de la transparencia en el ejercicio de los recursos, no han aprovechado las herramientas que la propia Constitución les asigna para hacerlo.

La U-TRAC recordó que una de las funciones del Congreso es vigilar las acciones del Poder Ejecutivo, incluso cuando un mismo partido controle ambos poderes. En nuestro país, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, así como los Congresos estatales, tienen el mandato constitucional de vigilar y fiscalizar las acciones de los poderes ejecutivos del país.

Para atender la emergencia sanitaria, el Gobierno Federal y los Gobiernos estatales han requerido suministros para hospitales y centros de salud, recibido donativos, e incluso negociado condiciones preferenciales con otros gobiernos y países para la adquisición de bienes. Para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, los gobiernos federal y estatales han activado mecanismos de deuda pública, créditos, apoyos económicos o estímulos fiscales, cuyo origen y destino también deben ser supervisados.

La Cámara de Diputados a nivel federal y los Congresos locales a nivel estatal tienen la obligación de asegurar que los recursos públicos destinados a la crisis sanitaria y económica se utilicen exclusivamente para esos fines.

Las Comisiones Especiales son órganos colegiados cuya tarea es la de atender, investigar y observar asuntos de interés público. El resultado de la investigación deberá ser del conocimiento del Poder Ejecutivo. Por su naturaleza plural constituyen un espacio para integrar diferentes perspectivas de los partidos políticos que integran el Congreso.

Para la integración de las Comisiones Especiales en el Congreso de la Unión, la Junta de Coordinación Política deberá tomar en cuenta la conformación del Pleno y mantener su representación proporcional.