¿Sabemos cómo es el blindaje electoral en las entidades federativas?

El “blindaje electoral” ha sido un tema recurrente en la agenda pública de nuestro país desde 2006. Las acciones y herramientas que han sido implementadas desde entonces por dependencias y actores sociales han variado en su diseño, en su ejecución y en sus resultados. Las distintas prácticas realizadas han tenido principalmente un enfoque en las elecciones federales,  al menos en su publicidad.

Sin embargo, el grueso de los procesos electorales del país suceden en las entidades federativas. Tan sólo en 2013, habrá elecciones en 14 de las 32 entidades federativas del país, en las que se elegirán 1 gobernador, 432 diputados locales y 1,348 ayuntamientos. Éste último dato nos indica que en más del 50% de los municipios del país se elegirá un nuevo presidente municipal y cabildo.

De ahí la importancia de preguntarnos, si la práctica de blindaje electoral – en la que se han invertido una significativa cantidad de recursos – ha logrado permear en el ámbito estatal.  De acuerdo con datos de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Transparencia Mexicana, los gobiernos de 13 de las 14 entidades[1] en las que habrá elecciones en 2013 operan actualmente 685 programas sociales.

¿Sabemos entonces qué acciones implementaron las entidades federativas para evitar que estos programas se utilicen con fines distintos a los establecidos? Más importante aún es saber cuál es el nivel de institucionalidad de estos programas: ¿cuáles son sus lineamientos normativos? ¿tienen un padrón de beneficiarios públicos? ¿hacen público su presupuesto y la forma en que lo ejercen? ¿son evaluados y fiscalizados?

Si no empezamos por hacernos estas preguntas, difícilmente podremos saber si las prácticas de blindaje electoral que implementan las entidades federativas cumplirán con su propósito.