La utilización de los programas sociales más allá de lo electoral

Durante el pasado mes de abril, una serie de eventos que involucraban el uso para fines electorales de los programas sociales paralizó al país en términos políticos. La continuidad del afortunado Pacto por México se puso en riesgo. Se alzó de nuevo la sospecha de que el partido en el poder no había dejado atrás sus costumbres de antaño para conseguir el apoyo en las urnas.

En México, el clientelismo sigue siendo una práctica común. Todavía hay quienes se aprovechan de la condición de vulnerabilidad de millones de personas para generar relaciones de dependencia, falsa lealtad y que logran movilizar una gran base electoral a través de condicionamientos y amenazas.

Pero, ¿en qué magnitud impacta el uso de los programas sociales, en especial aquellos dirigidos a erradicar la pobreza, en la definición de los resultados de una elección?

Más allá de la proporción real de votos que se pueden obtener en beneficio de un candidato y/o partido político al llevar a cabo estas prácticas ilícitas, se encuentra la facilidad con la que se pueden utilizar los programas sociales a causa de sus debilidades institucionales. Son muchas las variables que determinan los resultados de una elección pero también son muchos los vacíos que existen en la articulación de la política social en el país.

A diferencia de hace algunos años, los beneficiarios de programas sociales empiezan a entender que los apoyos que reciben no se encuentran condicionados a cambio de un voto. Hoy en día hay programas sociales como Progresa/Oportunidades que han demostrado ir más allá de las coyunturas políticas y banderas partidistas. Sin embargo, este no es el caso para los miles de programas sociales que operan a nivel estatal y municipal, donde los fantasmas del caciquismo y el clientelismo aun están presentes.

A partir de la crisis reciente, los representantes de los partidos políticos que suscriben el Pacto por México se comprometieron a fortalecer la protección de los programas sociales mediante el “blindaje electoral” y a garantizar elecciones limpias en las 14 entidades federativas donde hay comicios en 2013.

Para cumplir con esta tarea primero debe entenderse que evitar el uso político-electoral de los programas sociales va más allá del hecho de lograr unas elecciones imparciales y democráticas. El objetivo también es que los programas sociales atiendan las necesidades de la población más vulnerable de manera eficiente y eficaz y que bajo ninguna circunstancia los recursos destinados para su ejecución sean malgastados. Asimismo, que se pueda medir su impacto y evaluar sus resultados. Los programas sociales deben garantizar mejoras en el bienestar y en la calidad de vida de las personas beneficiarias siempre.

Es por esto que la protección de los programas sociales no puede limitarse a los 45 días previos a los comicios. No basta con adelantar la entrega de los apoyos, ni tampoco con suspender las reuniones o asambleas públicas. Ambas estrategias, que forman parte del “blindaje electoral”, son necesarias pero no suficientes.

La utilización ilegal de los programas sociales en el país no dejará de ser una posibilidad latente hasta que estos no estén protegidos contra sí mismos. Contra su pobre diseño institucional, que debe ser fortalecido. Contra la falta de información, de transparencia y de rendición de cuentas. El “blindaje” de los programas sociales debe venir desde su propia constitución para que así puedan convertirse en las herramientas que alivien la pobreza, la marginación y la desigualdad que frenan el desarrollo de México.

Monserrat Hernández Pozo

Consultora de proyectos