La discrecionalidad: Elemento de ineficacia y uso de los programas sociales

A partir de la experiencia de las elecciones del 2006, Transparencia Mexicana, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), analizó que, además de tomar medidas adicionales para proteger a la política social de cara a los procesos electorales, resultaba crucial fortalecer la institucionalidad de los programas sociales para evitar su discrecionalidad y mejorar su eficacia.

Este análisis argumentaba que el llamado “blindaje electoral” no permitía dar solidez e integridad a los programas sociales, ya sea durante los comicios o en tiempos de operación regular, si los programas sociales carecían de institucionalidad. Con programas sociales débiles, el “blindaje” se pudiera comparar a poner una armadura a un cuerpo con osteoporosis. Por el contrario, para tener resultados eficaces y eficientes es necesario fortalecerlo. En este sentido, pasa lo mismo con la política social, es necesario tener programas sociales sólidos y articulados que tengan mecanismos institucionales con los cuáles asegurar que no sean discrecionales, y con ello, incrementar el riesgo de ser utilizados para fines distintos para los que fueron creados.

Se identificó que la discrecionalidad en los programas sociales en México tenía varias capas, desde el no conocer cuántos programas sociales existen y operan a nivel nacional en el momento en que se llevan a cabo, hasta no saber en qué medida existe duplicidad de los esfuerzos, no conocer cómo funcionan de manera homogénea, no saber cuánto presupuesto se destina a ellos ni qué mecanismos de institucionalidad tienen.

Institucionalidad en los programas sociales significa contar con cuatro ejes: lineamientos normativos, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, mecanismos de control y fiscalización y mecanismos de participación ciudadana.

Es por ello que en 2008 se crea la “Iniciativa para el fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO)”, proponiendo dejar atrás el blindaje electoral a través de  la identificación de 20 atributos mínimos de institucionalidad que todo programa social debería tener. Estos 20 atributos permiten conocer el nivel de avance de institucionalidad de cada uno de los programas sociales y fueron clasificados dentro de los cuatro ejes.

Fue a partir de ello, que Transparencia Mexicana y el PNUD han convocado anualmente a dependencias y entidades del gobierno federal y a gobiernos estatales a que compartan información de manera voluntaria sobre los programas sociales que operan en la plataforma en línea IPRO (www.programassociales.org.mx) a partir de un auto-diagnóstico de su institucionalidad.

Hasta la fecha, IPRO ha obtenido información de cerca de 2,050 programas sociales, en donde la discrecionalidad sigue estando presente. En el último Informe de Resultados IPRO 2012, los resultados principales en algunos de estos atributos la refleja. Por ejemplo:

• Uno de cada dos (55.6%) programas sociales vigentes en el país reportaron que hacen público su presupuesto. En dependencias federales lo hacen el 91.7% de los programas sociales y en entidades federativa el 53.8%.
• Uno de cada dos (51.2%) programas sociales a nivel nacional reportan que hacen público un informe sobre el ejercicio del gasto. El 84.7% de  programas sociales de dependencias federales lo hacen, el 49.6% en entidades federativas.
• Menos de la mitad (47%) de los programas sociales reportaron contar  con evaluaciones. El 94.4% de los programas sociales federales tienen evaluaciones, a diferencia del 44.6% en entidades federativas.
• La participación ciudadana en la formulación, ejecución y evaluación de los programas sociales es una de las tareas pendientes a nivel nacional. El promedio de participación ciudadana en el total de programas sociales en 2012 fue de 36%.

A partir de estos resultados, surgen diferentes preguntas:

¿Si no se conoce cuántos programas sociales operan en México o cómo funcionan, cómo se pueden proteger en contextos electorales?

¿Si no se sabe qué presupuesto se destina a los programas sociales y cómo se ha gastado, cómo podemos evitar el desvío de los recursos destinados a ellos?

¿Si no se sabe qué resultados tienen y si funcionan o no, a través de evaluaciones, cómo es posible conocer su eficacia y eficiencia?

¿Si la ciudadanía no participa activamente en todo el proceso de los programas sociales, cómo se sabe si atienden a las necesidades reales de la población a la que van dirigidos o si tienen impacto en ella?

Es así que las preguntas planteadas son posibles a partir de un enfoque integral que permite descubrir la realidad de la política social: el fortalecimiento de su institucionalidad. Es momento de darle un verdadero giro a los programas sociales al eliminar la discrecionalidad con la que han estado operando en buena parte del país; sólo con ello se logrará incrementar su eficiencia y eficacia y disminuir su uso durante periodos electorales.

Paola Palacios

Coordinadora de la Iniciativa para el Fortalecimiento de los Programas Sociales (IPRO)

@IPROMx

www.programassociales.org.mx