Considera ´Transparencia mexicana´ que, en el caso de la adquisición de los sistemas de cómputo, la SEP tiene tres opciones. Una asignarle el contrato a los segundos lugares, en el proceso de licitación”, en segundo lugar, “suspender el proceso” o, tercero, “puede iniciar un nuevo procedimiento de licitación.”

La Ley de adquisiciones contempla una figura legal llamada ‘testigo social’, por lo que la Secretaría de la Función Pública dio tal asignación a ‘Transparencia Mexicana’ para la licitación de 240 mil laptops para niños de quinto y sexto año que compraría la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La función del ‘testigo social’, explica Eduardo Bohórquez director de la organización, “es acompañar el proceso desde la perspectiva que se cumpla en cada una de las etapas la ley.” Entrevistado en el noticiero ‘Atando cabos’, Bohórquez prosigue aclarando que, la primera etapa del proceso de adquisición de un bien, concluye “con la firma del contrato”.

“Lo que ‘Transparencia’ ha informado es que durante la licitación se cumplió estrictamente lo que marca la Ley de Adquisiciones y otros ordenamientos en la materia”, puntualizó el director de la organización. Empero, una vez firmado el contrato, lo ocurrido fue que el proveedor incumplió una de las garantías que está obligada por razones contractuales “y la SEP tenía una política de cero tolerancia sobre este asunto.”

Detalló que la empresa no presentó las garantías el miércoles, por lo que la SEP inició un procedimiento de ‘recesión de contrato’. Concluyó puntualizando que “tiene tres opciones la SEP. Una es asignarle el contrato a los segundos lugares, en el proceso de licitación”, en segundo lugar, “suspender el proceso” o, tercero, “puede iniciar un nuevo procedimiento de licitación”.

Con base en lo anterior “el proceso educativo no está en duda. Van a adquirirse los equipos de cómputo que se necesitan para este proyecto.”

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