lupa-transparencia_11El proceso electoral llegó y mucho se ha hablado del uso de programas sociales para fines político electorales. Esta historia no es reciente y fue por ello que el gobierno federal creó el blindaje electoral desde hace más de 11 años y tuvo su auge en las elecciones del 2006. Nuevamente los escándalos han estado presentes y a partir de ellos se ha movilizado el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales y el poder legislativo. Se creó el Adéndum del Pacto por México, se creó la Comisión Especial de Programas Sociales en la Cámara de Diputados y se fomentó la visita de los integrantes de dicha Comisión a las 14 entidades federativas con comicios electorales  (elecciones de gobernador en Baja California, 931 presidentes municipales en 13 entidades, 441 diputados locales en 13 entidades y un diputado local extraordinario en Sonora) con el fin de vigilar que no se hiciera un mal uso de los programas sociales a nivel local.

Sin embargo, todas estas acciones se han llevado a cabo en el contexto de las elecciones, unos meses antes y sobretodo, 45 días previos a la elección del 7 de julio.

Para Transparencia Mexicana (TM), el llamado blindaje electoral no es suficiente y así lo ha planteado desde hace algunos años. Una vez que terminó el proceso electoral de 2006, TM propuso al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se analizara a fondo la protección de programas sociales y a partir de ahí surgió la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO). IPRO tiene el objetivo de obtener información de los programas sociales que operan en el país y a contribuir a reforzar los criterios de protección de los programas sociales a través del fortalecimiento de su institucionalidad.

La institucionalidad de un programa social puede establecerse a partir del nivel de avance en cuatro ejes o categorías:

1)             Reglas de operación y otros lineamientos

2)             Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas

3)             Mecanismos de control y fiscalización

4)             Mecanismos de participación social

A partir de 2009 se han hecho convocatorias anuales para solicitar información a las dependencias federales y a las entidades federativas sobre los datos generales de sus programas sociales y sobre su operación a partir de un autodiagnóstico de 20 preguntas con atributos mínimos de institucionalidad que se agrupan en cada una de las categorías antes mencionadas.

En el contexto actual previo a las elecciones vale la pena preguntarse, ¿qué tan sólidos están los programas sociales a partir del enfoque de la institucionalidad? TM se dio a la tarea de analizar la información que registraron voluntariamente las entidades federativas con comicios electorales a partir de la Convocatoria IPRO 2013 que tuvo cierre de información al 30 de junio[1], una semana antes de las elecciones.

Los informes de cada uno de las entidades federativas se pueden encontrar aquí y el detalle de cada una de las preguntas sobre atributos de institucionalidad se puede encontrar aquí.

Algunas conclusiones que podemos sacar de este ejercicio es que si no se conoce la institucionalidad de los programas sociales e información constante sobre cuántos de ellos existen en el país, sobre cómo operan, sobre si tienen lineamientos formales para esta operación, sobre cómo rinden cuentas de lo que se presupuesta y se ejerce en ellos, sobre si se evalúa su impacto, sobre si hay forma de quejarse sobre su operación o sobre cómo participa la sociedad en ellos, es muy fácil que la política social sea utilizada. Los huecos en la institucionalidad de los programas sociales deben corregirse y mejorarse permanentemente. El blindaje electoral ha demostrado que no funciona. Si no se fortalece la institucionalidad de los programas sociales, ningún blindaje servirá para cambiar, mejorar y proteger a la política social a solo 45 días antes de las elecciones.

 

Foto: Vanguardia/Archivo


[1] Las Convocatorias IPRO las lleva a cabo TM y el PNUD anualmente. La plataforma de IPRO se encuentra permanentemente abierta para que las dependencias federales y las entidades federativas actualicen información en cualquier momento de manera voluntaria. Las Convocatorias se llevan a cabo para contar con cortes de información específicos a fin de poder emitir informes. La fecha de corte para esta convocatoria fue el 30 de junio. Estos informes se emiten con las respuestas que proveen las y los servidores públicos a cargo de los programas sociales, TM hará la revisión de la información de soporte que adjuntan a cada pregunta atributo en las próximas semanas.