¿Dónde quedó la participación ciudadana?

Durante los procesos electorales la participación de la ciudadanía debería ir más allá de la presentación de quejas y denuncias. Es importante que los ciudadanos tengan un papel activo en las etapas de formulación, ejecución y evaluación de los programas sociales del país pero también en la vigilancia de los mismos.

La creación de la Comisión Especial de Programas Sociales de la Cámara de Diputados respondió a la necesidad de proteger y vigilar los programas sociales en las entidades federativas donde se llevarán a cabo elecciones este domingo 7 de julio. Sin embargo, la Comisión no contempló la creación de comités ciudadanos que los acompañaran durante las visitas que realizarían a las diferentes entidades federativas. Esto con el objetivo de que sean los ciudadanos mismos quienes constaten que sus gobiernos cumplen con todos los requerimientos y protecciones que establece la ley.

La participación ciudadana está excluida también en las acciones de blindaje electoral. La noción de blindaje electoral como existe ahora es insuficiente. No basta con actuar 45 días antes de las elecciones, se trata de facilitar las condiciones para que los programas sociales estén protegidos de forma permanente. Para esto se necesita que la participación ciudadana sea permanente.

Sin la participación de los ciudadanos, en especial aquellos que son beneficiarios directos de los programas sociales, es difícil entender en qué están fallando los programas sociales y cómo pueden mejorarse para evitar que sean utilizados con fines electorales.

La participación ciudadana está contemplada en la Ley General de Desarrollo Social. Empero, de acuerdo con los resultados de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO)[1] el porcentaje de participación ciudadana en la formulación, ejecución y evaluación de los 1,017 programas sociales registrados por las 14 entidades federativas con comicios es apenas de 36.09%, 41.79% y 33.73% respectivamente.

Los resultados muestran que no ha sido una prioridad para todos los gobiernos el fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en los programas sociales.  Al tener observadores desde la gestación de los programas sociales, será más fácil su vigilancia y monitoreo, por lo que  serán menos propensos a ser utilizados con fines electorales.