El día de hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y con ello se han sacado a la luz pública cifras sobre su situación en México.

Recientemente se dieron a conocer las nuevas cifras de pobreza en el país: 53.3 millones de personas que viven en esta condición en 2012. Esto quiere decir que el 45.5% del total de la población del país es pobre. De ellos, se reporta que 8.2 millones son indígenas y 3.5 de ellos viven en pobreza extrema. Se ha señalado también que 3.9 millones de personas pertenecientes a algún pueblo indígena han tenido carencia de acceso a la alimentación.

Estas cifras dan una idea de la problemática en el país y con ello se plantea la pregunta de qué se está haciendo para atender a este grupo de la población.

En la plataforma de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO) de Transparencia Mexicana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  en México, se tienen registrados por dependencias federales y entidades federativas al menos 40 programas sociales en operación dirigidos únicamente a población indígena. Si se analizan esos 40 programas podemos encontrar el nivel de institucionalidad que tienen para saber qué tan sólidos son para enfrentar la problemática de la pobreza. Por institucionalidad nos referimos a si cuentan con lineamientos normativos, con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, con control y fiscalización y con participación ciudadana.

En este sentido, el equipo de IPRO ha identificado algunos resultados en los 40 programas registrados. Por ejemplo, que sólo el 53% de ellos hace público un padrón de beneficiarios, por lo que no se conoce en la mitad de estos programas a quiénes van dirigidos.

Por otra parte, que el 70% de ellos hacen público un informe del ejercicio del gasto, y que el 73% hacen público su presupuesto; por lo que aún no conocemos el total de los recursos destinados a ellos, ni en qué o cómo se están ejerciendo. Si se analiza cuántos de ellos han tenido evaluaciones para conocer qué impacto han tenido, nos encontramos que sólo el 58% reportan haber sido evaluados.

Muchas veces se ha dicho que es necesario que las personas sean parte de su propio desarrollo, pero las cifras nos señalan que, al menos en estos programas sociales enfocados en esta población objetivo, el 38% tienen mecanismos de participación ciudadana en su formulación, el 58% en su ejecución y el 35% en su evaluación. Con tan poca participación de los pueblos indígenas en los programas sociales que ha desarrollado el gobierno federal o los gobiernos estatales para ellos, es difícil que puedan expresar sus necesidades reales y que sean involucrados en consecuencia. ¿Cuántas historias de programas o proyectos sin éxito existen por no tener en cuenta a los pueblos indígenas, sus usos y costumbres? Muchos. Un ejemplo de ello es lo documentado sobre este tipo de proyectos en México, en donde los recursos son ejercidos, pero el impacto es nulo.

En este sentido, si no se fortalece la institucionalidad de los programas sociales en general, incluyendo la participación de las y los ciudadanos, en este caso, de los pueblos indígenas, será imposible que las cifras de pobreza disminuyan y que exista una mejora en sus condiciones de vida.