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Cuando el peatón nos alcance. Crónica de la inversión en México para movilidad urbana
El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo en México (ITDP) presentó en la Cámara de Diputados un análisis sobre cómo son ejercidos los recursos y fondos federales para el transporte en México.
Los resultados de este estudio indican que las zonas metropolitanas más grandes e importantes del país ejercieron casi 13,000 millones de pesos en inversiones para la movilidad. De este monto sólo una tercera parte se destinó en proyectos de movilidad sustentable y mejoras del espacio público; el 4% de los recursos se utilizó para mejorar la accesibilidad y movilidad de los peatones; y solamente 1% se dedicó para inversiones en infraestructura ciclista.
En contraste con estas inversiones en espacio público y movilidad para los peatones, destaca que el 65% de los recursos analizados fueron destinados a la infraestructura víal, priorizando así al automóvil por encima de todas las demás opciones de movilidad en las ciudades.
Los datos de este análisis reflejaron el orden de prioridades que el país tiene en materia de transporte: primero el auto, después el transporte público, algo para espacio público y hasta los últimos lugares, como si no se recordara que existen: los peatones y ciclistas.
Este acomodo de las piezas dejó para Transparencia Mexicana una imagen: una pirámide de prioridades invertida, donde quien gana es el auto.
A la presentación del estudio asistieron diversas organizaciones de la sociedad civil, representantes de distintas comisiones de la Cámara de Diputados, medios de comunicación y otros actores.
Transparencia Mexicana participó del cierre del evento y estas fueron las palabras de cierre que se leyeron en representación de la Dirección Ejecutiva:
“Mucho se ha dicho sobre el valor del acceso a la información pública para construir una sociedad con menores niveles de corrupción e impunidad. Seguimos la ruta del dinero público con el propósito de evitar desvíos, fortunas inexplicables y sobretodo, en el afán de reducir la desconfianza de los ciudadanos en sus autoridades.
Pero nuestro fin último como organizaciones de la sociedad civil no es solo que la corrupción y la impunidad se prevengan y reduzcan. Nuestro objetivo es hacer que la democracia funcione y los derechos garantizados por nuestra constitución se cumplan.
En este sentido, es importante precisar que buscamos eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto público, sí, pero siempre y cuando esta eficiencia refleje un modelo de desarrollo que amplíe la calidad de vida de las personas y el desarrollo sustentable.
Es por ello que el estudio que presenta el ITDP es de la mayor importancia: es una oportunidad para saber qué priorizamos como sociedad y gobierno, al tiempo que aporta una mirada técnica a un espejo que no muestra precisamente una imagen distorsionada de nosotros, sino cuán distorsionada está la realidad en la que vivimos.
El estudio “Invertir para movernos: prioridad inaplazable. Diagnóstico de fondos federales para transporte y accesibilidad urbana en México, 2012” publicado por ITDP no deja lugar a dudas. La pirámide de las prioridades en materia de movilidad urbana está completamente invertida. Aunque el discurso político ha cambiado en la última década, las prioridades presupuestarias no lo reflejan. En prácticamente todos los estudios de opinión pública, los ciudadanos explican que hacemos uso intensivo e ineficiente del automóvil porque no tenemos transporte público de calidad.
Como muestra el análisis presupuestario realizado, hay un uso intensivo del automóvil porque ESA es nuestra prioridad presupuestaria… porque esa es la realidad distorsionada que tenemos.
En 2012, señala el informe, en las 17 zonas metropolitanas del país –un universo que abarca más de la mitad de la población en México– se ejercieron más de 12,700 millones de pesos en el tema de movilidad. De este monto, sólo un 1 % se invirtió en infraestructura para el uso de bicicletas como medio de transporte.Y 4 % se invirtió en accesibilidad y movilidad para los peatones.
Claramente, en materia presupuestaria, ni el ciclista ni el peatón son prioridades nacionales.
Al transporte público se destinaron cerca de 2,400 millones de pesos. Pero es el grueso de los recursos, 65 por ciento, el que se destinó al mantenimiento y ampliación de la infraestructura vial.
Se argumentará, y con razón, que estas inversiones generaron empleos directos e indirectos. Y también que tuvieron una derrama económica en las zonas metropolitanas en las que se ejerció el gasto. Y también podrá decirse, y con razón, que el tráfico de las ciudades demanda acciones urgentes de parte de las autoridades.
Pero también puede afirmarse que esta realidad es la que tenemos porque esta es la realidad en la que por décadas hemos invertido los recursos públicos y privados.
Un buen ejemplo de ello, es la distribución en el gasto del Fondo Nacional de Infraestructura. De los cerca de 190 mil millones de pesos asignados a este fideicomiso, sólo el 6% de los recursos se destinó a transporte público masivo: 3,290 millones.
Nuevamente. La realidad que tenemos en materia de transporte y movilidad urbana es exactamente la realidad en la que por décadas hemos invertido.
Y un círculo vicioso no puede romperse sin terminar con la inercia presupuestaria. Más vialidades para automóviles significarán más automivilistas, más congestionamientos, más emisiones de CO2 y nuevamente más inversiones en infraestructura vial en el siguiente presupuesto.
Como señala ITDP, es fundamental entender que movilidad urbana no es sinónimo de infraestructura vial. La movilidad urbana depende de un mejor balance entre las prioridades presupuestarias y los esfuerzos por mejorar la calidad de vida en las ciudades.
Por muchos años seguirá siendo importante invertir en vialidades, pero es imperativo que se inicie una transición en el gasto hacia la mejora del transporte público a nivel nacional.
Los Fondos y Programas Federales en materia de transporte son algunos de los mecanismos financieros con los que el país ejerce sus recursos. El análisis de su gestión y vigilancia de su desempeño son indispensables para definir de manera conjunta, entre gobierno, sociedad civil, sector privado y beneficiarios, cuáles son las rutas para el mejor desempeño de los recursos de la nación.
Necesitamos asegurar la sustentabilidad de nuestras decisiones, por eso ejercicios como éste también deben ser aprovechados en otros espacios y mecanismos donde se hace uso del dinero público. Están por desarrollarse, por ejemplo, otros mecanismos vinculados a la protección del medio ambiente y al desarrollo sustentable. En particular, está próximo a instalarse el Fondo para el Cambio Climático, que requiere ciudadanos informados y activos para mejorar su diseño institucional y asegurarse de que no generen nuevas distorsiones presupuestarias.
La pirámide de prioridades en movilidad urbana está invertida y el presupuesto nacional así lo refleja. Por ello, damos la bienvenida a este análisis que abona al control democrático del gasto público en México.”
Puede consultar este informe en: http://mexico.itdp.org/noticias/invertirparamovernos/
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