(In)cumplimiento de las obligaciones de transparencia en contrataciones por COVID-19

Transparencia Mexicana y Tojil activaron el Mecanismo de seguimiento a planes, programas, recursos y acciones, conocido como #SusanaVigilancia, para identificar los contratos y adquisiciones que han realizado los gobiernos estatales en el marco de la emergencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales.

A cinco meses del primer caso detectado en México, 19 estados siguen sin publicar en micrositios la información sobre los recursos públicos ejercidos a través de contratación de bienes o servicios en sus micrositios oficiales de COVID-19.

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán están en una posición vulnerable en términos de riesgos de corrupción al no publicar información sobre compras y adquisiciones.

“La publicación de las adquisiciones y obras no es optativa. Es una obligación señalada en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información”, recordaron las organizaciones.

Trece entidades federativas publican ya información para conocer qué bienes y servicios han adquirido en el marco de la pandemia. Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Zacatecas hacen público al menos el monto de las contrataciones en la compra de bienes y servicios para atender COVID-19 y sus efectos económicos. El monto acumulado de las 13 entidades alcanza más de 8 mil 160 millones de pesos ($8.168.902.108,14).

#SusanaVigilancia identificó que la información publicada por las trece entidades tampoco es homogénea. Hay una diferencia en el cumplimiento a lo que señala la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Las entidades cumplen parcialmente con el artículo 70, fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia. En el caso de Zacatecas, dado que sólo hace público el monto total de los recursos que ha ejercido en COVID-19 a través de la adquisición de bienes y servicios, no es posible consultar la información sobre cada uno de los procesos de compra o contratos realizados por el estado.

Transparencia y datos abiertos en contrataciones

En términos de los formatos en los que se comparte la información seis entidades –Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa y Sonora– lo hacen en más de un formato. Esto es relevante porque amplía las posibilidades de que las personas consulten información para darle diferentes usos. La Ciudad de México es la única que cuenta con una interfaz de programación de aplicaciones (API) que permite que esa información pueda hablarse con otros sistemas.

De los trece estados que publican la información sobre contrataciones, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora integran en sus micrositios la información en formato de “datos abiertos” de acuerdo con lo que señala la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se entiende por datos abiertos a los datos accesibles en línea con las siguientes características: accesibles, integrales, gratuitos, no discriminatorios, oportunos, permanentes, primarios, legibles por máquina, en formatos abiertos y de libre uso.