Evitan Congresos llamar a funcionarios a comparecer por emergencia sanitaria y reactivación económica

La Unidad para la Transformación de los Congresos (U-TRAC) de Transparencia Mexicana se sumó por tercera ocasión al Mecanismo de seguimiento de planes, programas y acciones para la atención de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas de Tojil y Transparencia Mexicana, conocido como #SusanaVigilancia.

En un informe especial sobre el cumplimiento de las funciones de vigilancia ante la emergencia sanitaria y la pandemia de los 34 órganos legislativos del país, la U-TRAC identificó que doce órganos legislativos del país tuvieron al menos una reunión de trabajo o comparecencia con funcionarios o funcionarias de los poderes ejecutivos para informar sobre el uso de los recursos públicos y las acciones emprendidas para hacer frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales ocasionadas por COVID-19.

Los órganos legislativos que han ejercido sus funciones de acompañamiento y vigilancia mediante este mecanismo son el Senado de la República, la Cámara de Diputados y los congresos de Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Sonora. Algunos órganos legislativos del país han emitido declaraciones a medios de comunicación o incluso se ha referido al tema en redes sociales, pero no hay evidencia documental del ejercicio de sus facultades constitucionales y legales para solicitar al poder ejecutivo federal, estatal o local que informe sobre las decisiones tomadas o los recursos utilizados. 

El estándar para informar sobre esas sesiones varía también ampliamente entre los diferentes órganos legislativos. Algunos Congresos informan sucintamente a través de un comunicado de prensa, otros a través de videos en canales como Youtube y en muy contados casos está la versión estenográfica de las comparecencias. La información pública relativa a las reuniones y comparecencias tampoco es sencilla de ubicar. 

Por la naturaleza del tema, y por tratarse de un mecanismo institucional de vigilancia y acompañamiento de las decisiones en el marco de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, estas reuniones deberían ser de fácil acceso y su contenido debería ser público. 

Las organizaciones civiles invitaron a los Congresos del país a transparentar las sesiones de trabajo o comparecencias vinculadas con COVID-19, pero especialmente a utilizar sus facultades constitucionales y legales para mantener una estrecha vigilancia de las decisiones y recursos empleados en la emergencia sanitaria y la recuperación económica.