El viernes 16 se publicó el acuerdo en el Diario Oficial de la Federal por el cual se expiden los formatos de declaración patrimonial y de intereses. Estos formatos serán aplicables a funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno a nivel nacional. Pero ¿qué es una declaración de intereses?

Se ha vuelto común interpretar a la declaración de intereses como una declaración de conflictos de interés. Sin embargo, esto es erróneo. En este texto explicaremos cuál es la diferencia y por qué está mal llamar a esta declaración como “declaración de conflictos de interés”.

Todas las personas tenemos o podríamos tener intereses, lo cual no equivale a tener un conflicto de interés. Una declaración de intereses permite identificar aquellas actividades o relaciones que podrían influir en el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de un funcionario o candidato. Es decir, aquello que podría generar un conflicto de interés. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito los intereses personales o de otro tipo no deben influir en decisiones de carácter oficial o público.

En México, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entró en vigor en julio 2017, define un conflicto de interés como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.” Por esta misma ley todos los funcionarios públicos a nivel nacional deben presentar una declaración patrimonial y de intereses. Los formatos de declaraciones fueron aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y entrarán en vigor a más tardar el 20 de abril de 2019, una vez que la interoperabilidad de la Plataforma Digital Nacional lo permita. Queda el gran reto de que, en primer lugar, la declaración de intereses sea entendida y completada de forma correcta, y en segundo lugar, que la información contenida sea utilizada por las autoridades correspondientes para detectar conflictos de interés que afecten a la función pública.

Algunos ejemplos de conflicto de interés, para agregar claridad al concepto pueden ser:

  • Utilización indebida de información
  • Abuso de funciones
  • Contratación indebida
  • Enriquecimiento ilícito
  • Tráfico de influencias

Por otra parte, La presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses se contempla en varios instrumentos internacionales como la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de la OCDE contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros, y el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G-20, entre otros.

La información que se pide en este documento puede incluir lo siguiente: intereses económicos y financieros, actividades profesionales y empresariales y otros intereses tanto del declarante como de sus familiares en primer grado y dependientes económicos. Más detalladamente puede ser las posiciones mantenidas fuera de la función pública, la fuente de sus ingresos, y el nombre de las empresas en las que pudiera tener intereses (por ejemplo, acciones, ser miembro de un consejo de administración, derecho a voto, entre otros).

Muchas personas o funcionarios dicen no tener ningún conflicto de intereses que reportar. Es importante cambiar esta concepción dado que el declarante no puede por sí mismo definir si existe o no un conflicto de interés. La existencia de un conflicto debe ser determinada por un tercero independiente, lo cual hace de estas declaraciones algo necesario.

 

 

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