¿Cómo transformar la información pública en un activo público? La Política de Datos Abiertos en México

En un año, alrededor de 115,000 procesos de adquisición son conducidos por el gobierno federal, 200 millones de recetas son surtidas en los hospitales del IMSS, 11.5 millones de turistas extranjeros ingresan a México vía aérea y la información sobre el transporte de personas y bienes es capturada a través de más de 400 casetas de cobro en carreteras federales. Esto es sólo una pequeñísima muestra de la gran cantidad de datos e información que año con año, mes con mes, día con día generan las distintas áreas de la Administración Pública Federal en México y que más allá de servir solamente como registro histórico, pueden ser reutilizados para analizar el desempeño de los gobiernos, entender con mayor profundidad las necesidades del ciudadano y diseñar soluciones a problemas de carácter público. Desde hacer más eficiente un trámite y reducir sus costos hasta crear herramientas que mejoren la atención en desastres causados por fenómenos naturales o hagan más eficientes los programas sociales de los gobiernos.

Aunque el potencial de los datos y la información pública es mayor a lo que normalmente imaginamos, la realidad es que difícilmente sacamos de ellos el mayor provecho por distintos factores como capacidad, tiempo, restricciones legales, o limitaciones tecnológicas, por mencionar algunos. Sin embargo, el pasado 20 de febrero de 2015, México dio un paso en la dirección adecuada para facilitar el uso de los datos y la información pública e incrementar las probabilidades de aprovechar su potencial al promulgar el “Decreto que establece la regulación en materia de Datos Abiertos”¹, que en otras palabras, oficializa la Política de Datos Abiertos para el país. Esto podrá sonar llamativo y sin duda tecnológico, pero ¿qué significa en términos concretos y cómo contribuye a detonar el potencial de los datos públicos? Lo que busca la Política de Datos Abiertos es ir transformando la información gubernamental en un activo público al garantizar –mediante dicho instrumento– que los datos del gobierno federal tengan las siguientes características:

1. Que puedan ser obtenidos sin ningún costo (gratuitos)
2. Que se encuentren disponibles para cualquier usuario sin importar quien sea (no discriminatorios)
3. Que puedan ser utilizados de cualquier manera, con la única restricción de citar la fuente de origen (de libre uso)
4. Que puedan ser utilizados por equipos electrónicos automáticamente (legibles por máquinas)
5. Que se encuentren clasificados y ordenados (integrales)
6. Que estén desagregados con el mayor detalle posible (primarios)
7. Que sean actualizados periódicamente (oportunos)
8. Que se resguarden versiones históricas relevantes de los datos (permanentes)

Estas características constituyen lo que en términos prácticos se conoce como “Datos Abiertos”. Así pues, la Política de Datos Abiertos crea un marco normativo que permitirá que se generen datos abiertos en la Administración Pública Federal de forma ordenada y coordinada. Sin embargo, para que realmente la Política de Datos Abiertos cumpla con su objetivo serán necesarias dos cosas. La primera es que los funcionarios públicos responsables se comprometan con la implementación de esta política y aumenten la oferta de información pública en datos abiertos. La segunda es que existan usuarios –tanto al interior del gobierno como ciudadanos, emprendedores y empresas– con las capacidades y la creatividad para hacer un uso estratégicos de los datos disponibles. Sólo así la información pública pasará de ser un bien público a un activo público, es decir, en un generador de valor para cualquier persona capaz de aprovecharlo.

1 Disponible para consulta en el Diario Oficial de la Federación