La Contraloría Social y sus Retos Contemporáneos

Por: Leonie Kirchhoff y Sumiko Andrade

El concepto de la Contraloría Social (CS) surgió en el año 1991, dentro del marco del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). La CS se trata de un mecanismo impulsado por los beneficiarios, que se realiza de manera organizada, con el fin de verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social[1]. Es decir, es una forma de participación ciudadana, que está orientada al control, la vigilancia y la evaluación de la aplicación de los recursos públicos. Las actividades de la CS deben perseguir que las políticas públicas sean llevadas a cabo bajo estándares de máxima transparencia, los que posibilitan la aplicación de mecanismos de rendición de cuentas, con el objetivo de aumentar los niveles de confianza entre el gobierno y la ciudadanía.

Los comités de contraloría (conformados por beneficiarios de los proyectos de desarrollo social) se constituyen de diversas maneras, como observatorios ciudadanos o alrededor de proyectos emblemáticos para la comunidad, de forma espontánea o institucionalizada. En este sentido, los resultados obtenidos por los comités, se les da seguimiento por medio de los contralores, quienes son funcionarios públicos que representan el enlace entre los miembros del comité y la administración pública.

No importando la forma que tomen los comités de contraloría social, su motivación siempre es la misma: obtener el bien comunitario como fin superior. Este objetivo hace única a la CS de otras formas de auditorías. Esto debido a que el monitoreo realizado por auditores de la administración pública tienen como objetivo la división de poderes asegurando que existan pesos y contrapesos. Por otra parte, el monitoreo realizado por la CS presenta una motivación distinta debido a que los errores que se comentan en los proyectos y programas públicos tienen repercusiones inmediatas en la vida cotidiana de la gente y, a su vez, de los miembros de la CS.

No obstante, la Contraloría Social presenta una divergencia significativa entre su sistema formal y las actividades diarias de los miembros de los comités. Una de las causas que ha detonado esta situación es que durante las dos décadas pasadas, la CS a nivel nacional se ha extendido de forma significativa, lo cual la ha vuelto un sistema cada vez más burocrático. Esto último, considerando los objetivos de la Contraloría Social, va en contra de su esencia e implica varios riesgos. Entre estos riesgos se presentan la posibilidad de que en el complejo sistema de intercambio de información entre contralores y los miembros de los comités se incremente la propensión del sistema a la manipulación de datos. Asimismo, se observa una carencia de canales de comunicación entre los tres órdenes de gobierno respecto a este tema. Por lo tanto, dado que el contexto en el que funciona la CS ha ido cambiando, el concepto de CS debe reformularse en términos de comunicación y organización tanto interna como externa.

A nivel interno es necesario enfocarse en una capacitación más intensiva de los funcionarios públicos que cumplen la función de enlace entre los comités de contralores y el gobierno. Esto para asegurar que exista el debido seguimiento de la información obtenida por medio de cédulas de vigilancia, quejas y denuncias, así como para proteger los valores y objetivos de la contraloría social. Asimismo, se debe crear un modelo de capacitación integral para los miembros de las contralorías sociales, en el cual les sea posible aportar propuestas respecto a los criterios que monitorean en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto a la eficiencia del sistema de la CS se requiere consolidar el conocimiento adquirido por medio de las numerosas experiencias a lo largo de estos años (positivas como negativas) para fomentar la retroalimentación sobre problemas, métodos y avances. Al mismo tiempo, es necesario, aumentar el uso de nuevas tecnologías dentro del sistema de la CS. Éstas simplificarían la transmisión de información y el acceso a la misma en tiempo real y, por lo tanto, disminuirían los riesgos de manipulación de información, facilitando la transformación oportuna y eficaz del sistema. Respecto a la vinculación externa de la CS se deben fomentar alianzas con otros mecanismos de control democrático para evitar un aislamiento del concepto y reforzar el peso de la participación ciudadana.

La Contraloría Social representa un elemento esencial para la participación ciudadana en un marco activo favoreciendo la creación de corresponsabilidad entre ciudadanos y funcionarios en términos de la implementación de la política pública. Por lo tanto, reformar el sistema existente de la CS representaría el fortalecimiento de una de las figuras más nobles de participación ciudadana, lo cual permitiría que su perspectiva única se insertara como pieza esencial y complementaria de los distintos mecanismos utilizados para el monitoreo gubernamental.

[1] Artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social. Obtenido de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf.