Justicia digital y post-COVID

Estamos en un cambio de época y los riesgos de comprometer el acceso a la justicia, entendida como un servicio público esencial para la población, debe convertirse en impulso para desarrollar mecanismos económicos, sencillos, transparentes, abiertos y accesibles al mayor número de personas.

A 100 días de la declaratoria de la emergencia sanitaria y rumbo a las nuevas condiciones de vida que afectarán positiva o negativamente el acceso a la justicia, Transparencia Mexicana y Tojil desplegaron una investigación especial sobre el estado en el que se encuentran los Poderes Judiciales Federal y estatales en términos de su capacidad para dotar a la población de esquemas de justicia digital. 

De acuerdo con el Mecanismo de seguimiento a planes, programas, acciones y recursos orientados a enfrentar la emergencia sanitaria y sus efectos sociales y económicos, coloquialmente conocido como  #SusanaVigilancia, al día de hoy solo el Poder Judicial de la Federación y 14 poderes judiciales estatales han reactivado sus plazos judiciales y habilitado la atención de todos los casos. Los otros 18 poderes judiciales de entidades continúan con suspensión de plazos y solo permiten la recepción de casos urgentes, aunque estos supuestos de urgencia se han ido ampliando. 

La situación de los poderes judiciales en el nuevo contexto para el acceso a la justicia

En términos de uso de la tecnología, el Poder Judicial de la Federación permite la tramitación de todos sus casos en línea y a nivel estatal 16 poderes judiciales permiten la presentación de demandas o solicitudes vía remota, mientras que 9 permiten el seguimiento completo de sus casos a través del llamado “juicio en línea”. 

El “juicio en línea” y la forma que tome en las próximas semanas determinará el futuro inmediato del acceso a la justicia. Por ello hay que destacar que tanto el Poder Judicial de la Federación como los poderes estatales requieren de un elemento identificador de los usuarios del sistema. La discusión sobre la eficacia y eficiencia de este mecanismo será objeto de investigaciones futuras, pero en esta etapa Tojil y Transparencia Mexicana informaron que 8 exigen contar con una firma electrónica FIEL (SAT) o FIREL (firma electrónica del Poder Judicial de la Federación) o una firma electrónica proporcionada por el propio Poder Judicial estatal.

Las audiencias por videoconferencia y el principio constitucional de máxima publicidad

El Poder Judicial Federal y 17 entidades federativas permiten el desarrollo de audiencias a través de videoconferencia. No obstante, pese a que las audiencias en materia penal deben ser públicas para todas las personas, al  momento solo el Estado de Coahuila prevé normatividad que garantiza esa publicidad. El Poder Judicial de Coahuila establece que se podrá permitir observar las audiencias penales que se llevan por videoconferencia a través de un canal bajo la plataforma YouTube, sin embargo, aún no se cuenta con evidencia de que esté cumpliendo esa norma. Al no facilitar el acceso a las audiencias en materia penal a todas las personas como marca la Constitución, tanto el Poder Judicial Federal como las demás entidades federativas podrían poner en riesgo la constitucionalidad y regularidad de dichos procedimientos penales.

Como servicio público esencial en momentos donde se prevé un incremento en la conflictividad y la violencia, derivado de la emergencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales, el acceso a la justicia penal debe ser transparente a todas las personas. La pandemia y sus efectos no pueden convertirse en justificación para limitar derechos sin motivación o fundamento, o de manera indefinida. Transparencia Mexicana y Tojil invitaron a las autoridades judiciales a inaugurar una etapa de innovación y creatividad social que permita garantizar el acceso a la justicia, sin coartar la transparencia y publicidad de sus procedimientos y sin poner en riesgo la salud de sus servidores públicos y de los justiciable.

Este esfuerzo de sistematización a nivel nacional establecido con el propósito de que los recursos para enfrentar la emergencia y sus consecuencias, así como de post-COVID, lleguen a las personas que realmente lo necesitan, continuará identificando los planes, programas, acciones y recursos para este importante reto de salud pública y mitigación de efectos económicos.

Tojil y Transparencia Mexicana informaron que este ejercicio se mantendrá durante la contingencia y el periodo post-COVID, actualizando la información conforme los gobiernos la publiquen. Informaron también que en coordinación con otras organizaciones civiles y académicas analizarán a profundidad los programas e instrumentos de financiamiento tanto para la contingencia y sus efectos económicos como para el periodo de recuperación económica.