Informe “Tres años del Compromiso de Lima: balance de esfuerzos normativos contra la corrupción” revela avances y retos normativos para la lucha anticorrupción en la región

• Más de 150 Organizaciones de Sociedad Civil de la región realizaron trabajos de monitoreo, investigación, análisis e incidencia de los compromisos priorizados por el Observatorio Ciudadano de Corrupción. 
• Perú, México y Colombia, se destacan como los países con el mayor número de normas vigentes para la lucha contra la corrupción. Venezuela, Haití, Chile, El Salvador y Uruguay, son los países donde se denota mayor ausencia de normas para hacerle frente a la corrupción.
• El segundo informe  evaluará qué tanto se están aplicando las normas anticorrupción en 19 países de la región, y será divulgado en las próximas semanas.

El Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) presentó este jueves el primer informe sobre indicadores normativos en el marco del seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima, suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018, que busca mantener una lucha frontal contra la corrupción en las Américas.

Entre los hallazgos de este primer balance se menciona que a nivel regional se tiene un amplio cuerpo normativo que cuenta con las disposiciones necesarias para controlar la corrupción; destacando entre el mayor desarrollo normativo lo referente a las regulaciones para el financiamiento de campañas, específicamente en la reglamentación de medidas de transparencia, rendición de cuentas y manejo de recursos a través del sistema bancario.

Este balance preliminar muestra la necesidad de abordar distintas estrategias nacionales y regionales para apoyar a los países que presentan los menores desarrollos normativos relacionados con los compromisos de control de la corrupción.

Los hallazgos del informe son producto de un trabajo de análisis de cada compromiso a partir de unos indicadores normativos y la ponderación del nivel de avance y cumplimiento de los mismos tomando en cuenta tres criterios: pertinencia, eficacia y sostenibilidad.

En ese sentido, el documento detalla que a nivel normativo los países de la región vienen cumpliendo con la regulación de los enfoques tradicionales de control de la corrupción y que los temas innovadores incluidos en el Compromiso de Lima representan un nuevo reto para avanzar en el tema, como son la inclusión del enfoque de género y de los grupos en condición de vulnerabilidad en las políticas de lucha contra la corrupción que tienen el menor desarrollo normativo en la región.

Además, los datos analizados muestran que algunos países se destacan por temas como el fortalecimiento de las políticas y planes nacionales en materia de gobierno abierto, la implementación de plataformas electrónicas para las contrataciones y compras públicas, y otros por medidas para la reducción de la burocracia y la simplificación de trámites.

Sin embargo, elementos fundamentales como la protección a denunciantes, testigos/as o informantes de actos de corrupción y la promoción de códigos de conducta a los servidores/as públicos/as presentan un desarrollo normativo relativamente bajo.

Acá se puede consultar el informe