Solo uno de los 33 órganos de fiscalización superior del país ha iniciado auditorías especiales por COVID-19: #SusanaVigilancia

– El órgano de fiscalización superior de Sonora es el único órgano de los treinta y tres que supervisan al Gobierno Federal y los estatales que ha iniciado un programa especial de auditoría vinculado con la atención de la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales

– 19 órganos fiscalizadores de los Congreso se encuentran activos, 14 han suspendido funciones, pero solo uno ha iniciado medidas para evitar los riesgos de corrupción en el manejo de los crecientes recursos ante la pandemia

– El Mecanismo de seguimiento de planes, programas, acciones y recursos también identificó que Guanajuato se convirtió en la sexta entidad federativa del país en incluir sus contrataciones gubernamentales en un solo micrositio

12 de mayo de 2020.- La Unidad para la Transformación de los Congresos (U-TRAC) de Transparencia Mexicana, se sumó esta semana a las tareas del mecanismo de seguimiento a planes, programas, acciones y recursos que impulsa junto con Tojil, estrategia contra la impunidad. 

Tras una revisión de las acciones de vigilancia y fiscalización iniciadas desde los  Congresos, este equipo identificó que solo uno de 33 órganos de fiscalización superior, incluida la Auditoría Superior de la Federación, ha anunciado el inicio de un programa de auditoría especial derivado de la pandemia y sus consecuencias económicas. Se trata del órgano de fiscalización superior del estado Sonora, que a petición del Ejecutivo, inició cuatro auditorías en tiempo real vinculadas a COVID-19.

En 2016, un grupo de organizaciones civiles, sociales y académicas impulsó una reforma de tajo a la Ley de Fiscalización Superior del país y se aseguró de que la ley previera circunstancias como las que ahora vivimos, que los órganos de fiscalización superior cuenten con herramientas jurídicas y técnicas para enfrentar la situación: se trata de auditorías especiales coloquialmente conocidas como “auditorías en tiempo real”.

A más de dos meses del inicio de la pandemia, y pese a crecientes controversias sobre el manejo de los recursos públicos vinculados con la la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, sorprende que ningún órgano legislativo del país haya solicitado el inicio de auditorías especiales, y que sólo un órgano de fiscalización, el de Sonora, lo haya hecho a petición del Poder Ejecutivo del Estado. Se trata de auditorías especiales en “tiempo real” a Servicios de Salud de Sonora, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON) y al Centro de Atención para el Desarrollo Integral de la Familia de Hermosillo (DIF).

El papel del Congreso en la vigilancia de los recursos públicos vinculados con la emergencia y la reactivación económica del país

La función más importante de los Congresos además de legislar, es la vigilancia del Poder Ejecutivo. Siendo responsable de aprobar el presupuesto público, los Congresos son responsables también de su vigilancia. Esa es la razón por la que los órganos de fiscalización superior gozan de independencia relativa, pues se trata de instrumentos que derivan de la representación de la soberanía popular en el Poder Legislativo. Lamentablemente un número importante de los Congresos del país ha suspendido actividades por completo y de los 33 órganos técnicos que cumplen funciones de fiscalización en su nombre, 24 han suspendido o modificado plazos y términos relacionados con la fiscalización de los recursos públicos, y 14 de los 33 han suspendido completamente sus actividades. 

En una pandemia, la fiscalización del gasto público, y especialmente la fiscalización en tiempo real es una actividad esencial para asegurar que los suministros lleguen a los hospitales, se evite la compra de bienes y servicios con sobreprecios o se desvíen recursos públicos escasos con fines político-electorales. 

Actualización del Mecanismo de seguimiento a planes, programas, acciones y recursos para enfrentar la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales

Esta semana Guanajuato se sumó a la lista de seis gobiernos que están publicando información sobre sus contrataciones relacionadas con COVID-19 en el micrositio oficial habilitado para la contingencia, informando qué bienes y servicios han comprado y a quién. Guanajuato publicó información sobre contrataciones por casi 56 millones de pesos. Con ello se suma a la lista de Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Sonora, que ya lo estaban haciendo. 

No obstante, todavía es desigual el tipo de la información que se hace pública. Al corte del 11 de mayo, sólo la Ciudad de México llega al detalle de servicios contratados, incluyendo el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del proveedor, lo cual es ideal para efectos de transparencia ciudadana. Otros gobiernos enlistan la información relativa a las adquisiciones y su modalidad de contratación, pero no ofrecen mayor detalle sobre la identificación de proveedores a quienes se menciona solo por su razón social. 

En este contexto resulta alarmante que 26 entidades federativas y el Gobierno Federal continúen siendo omisos en transparentar en un solo micrositio las contrataciones en el marco de la emergencia, por lo que se hace una invitación a que los gobiernos publiquen esta información de manera urgente incluyendo datos esenciales como los montos, bienes o servicios contratados, así como la razón social y RFC del proveedor.

Sobre #SusanaVigilancia, el mecanismo de seguimiento a los planes, programas, acciones y recursos para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales

Este esfuerzo de sistematización a nivel nacional, establecido con el propósito de que los recursos para enfrentar la emergencia y sus consecuencias lleguen a las personas que realmente lo necesitan, continuará identificando los planes, programas, acciones y recursos para este importante reto de salud pública. Este ejercicio se mantendrá durante la contingencia y sus efectos, actualizando la información conforme los gobiernos la publiquen. Informaron también que en coordinación con otras organizaciones civiles y académicas analizaran a profundidad cada uno de los planes estatales con el ánimo de identificar buenas prácticas que podrían ser replicadas en otras entidades federativas. En twitter #SusanaVigilancia se encuentra como @sanavigilancia.

Sobre Transparencia Mexicana y Tojil

Transparencia Mexicana es la oficina en México de Transparencia Internacional. Tojil es una organización civil mexicana especializada en el análisis y definición de estrategias contra la impunidad.