La investigación de los posibles casos de corrupción que involucran a Javier Duarte no debe concluir solamente en la aprehensión de él y sus cómplices. También debe llevar a cambios concretos que prevengan que esto suceda otra vez –como la creación de un registro público de beneficiarios finales de empresas– y que cuando suceda se pueda investigar ágilmente quiénes se beneficiaron de estos actos de corrupción.

Todo parece indicar que el todavía gobernador de Veracruz –Javier Duarte de Ochoa– y una enmarañada red de corrupción –integrada por su esposa, familiares, amigos y funcionarios de alto nivel– operaron un esquema para extraer recursos públicos mediante empresas fantasmas. Una investigación de Animal Político publicada el 24 de mayo encontró 21 empresas “fantasma” –empresas de las cuáles es difícil comprobar sus actividades y sus dueños– mediante las que se desviaron 645 millones de pesos del erario público veracruzano.

A raíz de esta investigación, tanto el SAT como la Auditoría Superior de Veracruz comenzaron investigaciones y auditorías que dieron con más contratos con empresas de este tipo. Desde entonces, la PGR inició también con una serie de investigaciones de las cuáles aún desconocemos cuál será el resultado. Aunque el día de ayer la PGR anunció que cumplimentó una primera orden de aprehensión en contra del administrador único de una de las empresas, y que continúa con al menos 32 investigaciones más, lo más probable es que aún estemos a meses de ver una acción penal en contra de Javier Duarte.

¿A qué se debe esto? ¿hace falta algún tipo de evidencia? ¿por qué tarda tanto? Reunir las pruebas necesarias que demuestren cómo los recursos provenientes de estos contratos terminaron beneficiando ilegalmente a Duarte y los integrantes de su red de corrupción son difíciles de obtener. Para comprobar que Javier Duarte o personas cercanas a él se beneficiaron indebidamente de dichos contratos requiere de coordinación e intercambio de información entre distintas agencias –entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. Distintas bases de datos y registros sobre transacciones, cuentas bancarias, compra de bienes inmuebles y más deben ser analizadas.

¿Existe alguna forma de agilizar investigaciones de este tipo? La respuesta en concreto es sí y tiene nombre. Se le conoce como “Beneficiario final o controlador” y se refiere a la persona natural que obtiene los beneficios derivados de empresas o personas morales. Recientemente, el Gobierno del Reino Unido obligó a toda empresa registrada en su jurisdicción a declarar quiénes son sus beneficiarios reales y además hizo pública esta información (en formato abierto) en un registro al que puede acceder cualquier ciudadano. En el caso de México, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió en la pasada Cumbre Global Anticorrupción a tomar los pasos necesarios que hagan que dicha información también sea pública en nuestro país.

Hasta el momento desconocemos cuáles son los pasos que propondrá el Ejecutivo Federal para cumplir con dicho compromiso. Sin embargo, sabemos que su implementación requiere de cambios legales y normativos que pueden ser propuestos en el actual periodo de sesiones en el Congreso. Las investigaciones que lleva a cabo la PGR y el SAT deben servir también de insumo para las discusiones en torno a las reformas de la Ley de Adquisiciones, la Ley de Obra Pública y la Ley del Registro Público de la Propiedad. Si aspiramos a prevenir que el caso de Javier Duarte –y otros similares– vuelva a repetirse es fundamental que contemos con un registro público de los beneficiarios finales de toda empresa que busque obtener un contrato público. La bolita no está solamente del lado de la PGR, también está del lado del Presidente y su administración.