Los cuatro candidatos prometen poner fin a la corrupción. Sin embargo, a 30 días del fin de las campañas, aún nos falta conocer los cómos.

Texto de Tamara Velasquez y Rafael García

Si existiera una medición de las palabras más mencionadas por los candidatos a la Presidencia de la República, es muy probable que “corrupción” encabezaría la lista. Los cuatro candidatos que buscan encabezar el Gobierno Federal —y manejar el 18vo presupuesto gubernamental más grande en el mundo— han prometido que combatirán la corrupción implacablemente, como nunca antes se ha visto. Sin embargo, las propuestas que deberían sostener su férrea y aguerrida voz parecen quedarse cortas ante la magnitud del reto.

Como documentó Transparencia Mexicana, un porcentaje considerable de las acciones que han propuesto para lograrlo ya están contempladas por las nuevas leyes en materia de combate y control de la corrupción. Adicionalmente, los candidatos han limitado su discurso y propuestas a ciertos temas en específico –como la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la República– dejando fuera muchas otras acciones igual de urgentes que podrían impulsar como titulares del Ejecutivo federal.

Por esta razón, es fundamental que los cuatro contendientes revelen más información sobre los escuetos planes anticorrupción que han publicado y permitan que la ciudadanía revise qué tan en serio van contra las redes de corrupción que operan en el país. Solo quedan 30 días para que expliquen con el detalle necesario cómo planean obtener lo que ha sido prometido con tanto énfasis: acabar con la corrupción. Son en esos detalles donde las ciudadanas y los ciudadanos podremos revisar qué tanto empatan sus propuestas y compromisos con el volumen en que gritan contra la corrupción en cada uno de sus discursos. Las voces más combativas deberán tener de igual forma las propuestas más contundentes y disruptivas.

En el ánimo de contribuir con esta discusión, Transparencia Mexicana ha identificado al menos cinco componentes clave que deberíamos encontrar en los planes anticorrupción de Anaya, López Obrador, Meade y Rodríguez . Estos componentes tienen fundamento en los diagnósticos y propuestas de política pública que al menos desde 2015 impulsa el movimiento anticorrupción del país. Encontrar estos componentes en sus propuestas y en sus discursos serán útiles para saber si la prioridad de su gobierno será realmente el desmantelamiento sistemático de las redes de corrupción que operan en México.

Componente 1. Un registro público de beneficiarios reales de empresas contratistas del Estado

Existe amplia evidencia que indica que uno de los principales vehículos de corrupción son las contrataciones públicas. Como lo demostró La Estafa Maestra, mediante este medio se desvían miles de millones de recursos públicos a empresas que no tienen la experiencia, que son de familiares y amigos de políticos o inclusive, y en muchos casos, empresas que ni siquiera existen. Los recursos desviados sirven en ocasiones para enriquecer los bolsillos de unos cuantos, y en otros –como muestra el caso Odebrecht– para financiar la política.

Una propuesta para atacar la raíz de estas técnicas de corrupción es hacer obligatorio que toda empresa que quiera venderle al gobierno haga público quiénes son sus accionistas y dueños. Esto se conoce como un registro de “beneficiarios reales”. Aunque podrá sonar algo descabellado, esta propuesta ya está siendo implementada en varios países. Desde 2016 el gobierno del Reino Unido lo hizo obligatorio y tiene un registro público en línea donde todo interesado puede consultar esta y más información que nos permite conocer quiénes están detrás de una empresa. A raíz de los distintos casos revelados por los países de la Unión Europea también ya están en proceso de hacer lo mismo y pronto publicarán por primera vez los registros públicos de beneficiarios reales, como una medida para evitar principalmente la corrupción, el lavado de dinero y la evasión de impuestos.

El próximo titular del Ejecutivo federal tiene las facultades para impulsar un cambio de este tipo y, junto con otro conjunto de herramientas, transformar las compras públicas y asegurar que no son utilizadas como vehículos de corrupción.

Componente 2. Un mecanismo de protección a denunciantes de corrupción

Una de las estrategias más eficientes para detectar y desmantelar redes de corrupción es la denuncia. Cuando existen mecanismos seguros para denunciarlas es más probable que aquellas personas y funcionarios públicos involucrados –que en ocasiones son obligados a participar o amenazados si revelan lo que está sucediendo– aporten las pruebas necesarias para mostrar que se cometió un delito ante las autoridades judiciales.

El rol de los denunciantes ha sido clave para identificar casos de corrupción y llegar a sanciones contundentes. Entre los mejores ejemplos están los programas de denuncia segura, operados por la Securities and Exchange Commission (SEC) y el Departamento de Justicia en los Estados Unidos. Gracias a ellos, las autoridades estadounidenses recibieron más de 790 avisos tan solo en los últimos cuatro años sobre violaciones al FCPA –que penaliza el soborno transnacional– y que fueron clave para detectar grandes casos de corrupción y recuperar millones de dólares en sanciones a empresas, como las impuestas a Odebrecht.

Los candidatos a la presidencia de la República pueden comprometerse a que autoridades como la SFP, la PGR –o la futura fiscalía– o la Fiscalía Especializada cuenten con programas de esta naturaleza que promuevan la denuncia –mediante incentivos y recompensas– y garanticen sobre todo la seguridad y anonimato de quienes colaboren.

Componente 3. Una infraestructura de datos inteligente contra la corrupción: interoperabilidad de datos legales, bancarios y financieros

Las redes de corrupción intentan dejar la menor cantidad de huellas sobre sus movimientos. Sin embargo, para poder desviar miles o millones de recursos, en muchas ocasiones recurren a instrumentos legales, financieros y bancarios que obligatoriamente dejan rastro en distintos registros de información. El problema está en que seguir la ruta del dinero mediante dichas pistas no es tarea sencilla. Las instituciones que tienen los distintos pedazos de información han sido dejadas hasta ahora fuera de la agenda anticorrupción y, hasta ahora, no hemos podido conectar la información que poseen de forma que sirva para detectar e investigar casos de corrupción.

Por ello es urgente que estas instituciones se sumen formalmente a la estrategia anticorrupción del país, y comiencen a aportar de manera ágil datos e información crítica para el desmantelamiento de redes de corrupción. Será necesario que abran sus datos y adopten estándares para conectar la información que ahora está fragmentada en distintas bases de datos y sistemas. Es decir, que hagan sus datos “interoperables”.

En México la información legal, financiera y bancaria más relevante para detectar los movimientos de redes de corrupción está en posesión de cuatro autoridades:

  1. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) posee registros de generación de facturas, pagos de impuestos y derechos y otras operaciones fiscales.
  2. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) posee registros de movimientos bancarios y de la compra venta de acciones y títulos.
  3. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) monitorea movimientos bancarios y financieros que pudieran estar relacionados con el lavado de dinero.
  4. La Secretaría de Economía (SE) administra el principal registro de empresas del país, llamado Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER).

El próximo Presidente de México deberá comprometerse a incluir a estas agencias en la estrategia anticorrupción y, sobre todo, a construir una infraestructura de datos inteligente para detectar e investigar redes de corrupción. Además, esta infraestructura deberá estar alineada y conectada con la Plataforma Digital del Sistema Nacional Anticorrupción.

Componente 4. Registros Públicos de la Propiedad y el Comercio abiertos y actualizados

Los registros públicos de la propiedad y los registros públicos del comercio son dos herramientas jurídicas en las que se resguarda información relevante para el control de la corrupción. Los primeros resguardan información sobre la titularidad de propiedades inmobiliarias y los movimientos asociados con las mismas, como compras o donaciones. Los segundos, información de actos mercantiles como puede ser la creación de una sociedad, el cambio de domicilio, el registro de nuevos accionistas o socios, entre otros. Ambos buscan dar certidumbre a quiénes realizan transacciones inmobiliarias o comerciales.

Estos registros son operados por las entidades federativas del país. Sin embargo, el gobierno federal emite lineamientos y directrices que guían su funcionamiento. Hasta ahora, dichas reglas no han sido ajustadas al nuevo marco legal anticorrupción del país y, lo que es más preocupante, la veracidad y actualidad de la información que contienen son imprecisos.

Para que la información que contienen pueda ser utilizada por el Sistema Nacional Anticorrupción, es necesario que que los candidatos se comprometan en primer lugar a renovar las reglas de estos registros, impulsar una revisión de la información que contienen para que sea veraz y actual, y abrirlos a la ciudadanía.

Solo así será posible revisar que la información que presentan los candidatos y funcionarios en sus declaraciones patrimoniales y de intereses sea verdadera o, en caso contrario, para detectar propiedades no declaradas, o empresas que les pertenecen y no revelaron. Si estos registros se vuelven abiertos –siguiendo las mejores prácticas internacionales– la ciudadanía y la sociedad civil tendrán acceso a una gran herramienta para prevenir o detectar conflictos de intereses, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Componente 5. Una revisión de la figura del notario en las 32 entidades del país

La figura del notario es una pieza fundamental de nuestro sistema legal. La mayoría de las veces, su función consiste en otorgar seguridad y certeza jurídica de actos y hechos que tienen implicaciones legales, como la firma de un contrato entre particulares, la creación de un fideicomiso o la realización y lectura de un testamento. Sin embargo, la figura del notario se ha puesto en tela de juicio ante recientes escándalos de corrupción, como los ocurridos en Veracruz, donde empresas fantasma fueron revisadas y avaladas por notarios a pesar de que existían indicios de su falsedad.

El problema reside en que la figura del notario varía en cada una de las 32 entidades federativas del país. Cada estado tiene su propia ley del notariado y, por lo tanto, no existen las mismas reglas ni mecanismos para vigilar la actuación de los notarios. Por ejemplo, son solo unos cuantos estados los que otorgan notarías mediante concursos públicos, mientras que en la gran mayoría se otorgan a discreción del gobernador en turno.

Si queremos que el Sistema Nacional Anticorrupción sea realmente un esfuerzo de carácter nacional –como lo indica su nombre– será necesario revisar esta figura, cambiar y estandarizar los procesos de selección y actuación notarial, y asegurar que en las 32 entidades federativas del país la figura del notario será imparcial e independiente del poder. El notario, como figura clave de la administración de la justicia en México, puede ser también un gran aliado para prevenir que fideicomisos, sociedades, asociaciones y otros vehículos jurídicos sean utilizados por las redes de corrupción del país para ocultar sus actos y desviar millones de pesos.

 

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