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En la agenda global anticorrupción, uno de los temas que más se escucha en este momento es el de beneficiarios reales (beneficial ownership, en inglés). En los últimos años, una serie de investigaciones y filtraciones han encontrado cómo redes de corrupción –en distintos países, especialmente en economías del G20– hacen uso de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales para desviar grandes sumas de recursos públicos o esconder los beneficios obtenidos por crímenes y actos de corrupción. En muchos casos, estos recursos financieros buscan después ser “blanqueados” mediante la compra de propiedades, principalmente bienes inmuebles de lujo en el extranjero. Para comprar estas propiedades también se utilizan empresas fantasma, evitando así conocer quiénes son los verdaderos propietarios que hace uso de ellas.
Los casos revelados por filtraciones como Panama Papers o Bahamas Papers –ambos liberados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación– son prueba de estos complejos esquemas legales y financieros utilizados para cometer actos de corrupción y evitar que se identifiquen a las personas que están detrás de ellos y que en última instancia obtienen sus beneficios. En respuesta, la comunidad global anticorrupción –entre ellos la coalición de Transparencia Internacional– hemos señalado claramente qué debe cambiar para evitar que estos esquemas de corrupción continúen operando. Una propuesta concreta consiste en la creación de registros públicos que permitan identificar a los beneficiarios reales de empresas y bienes inmuebles. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente con esto?
¿Qué es un beneficiario real?
El término beneficiario real (también conocido como beneficiario controlador o beneficiario final) se refiere a la persona que en última instancia controla y se beneficia de una entidad o arreglo legal y del ingreso que éste puede generar (Transparencia Internacional). De manera más específica, cuando nos referimos al beneficiario real de una empresa, nos referimos a cualquier individuo que controla un determinado porcentaje de las acciones o derechos de voto de una compañía, aún cuando lo haga a través de otra empresa o instrumento financiero.
Es importante recordar que el beneficiario real puede ser distinto a los dueños legales o nominales de una empresa o bien inmueble. Por ejemplo, una propiedad puede tener como dueño a una persona moral que a su vez es controlada por uno o más individuos.
El caso Murat: empresas, fideicomisos y propiedades |
En febrero de 2015, el periódico The New York Times hizo pública una investigación sobre las propiedades que posee el ex-gobernador de Oaxaca –José Murat– y su familia en los Estados Unidos. El diario explica cómo a través de las empresas Nivea Management e Himo Ltd, la familia Murat adquirió y hace uso de un departamento de lujo en la ciudad de Nueva York. Adicionalmente, el diario encontró cómo a través de otras dos empresas –que fueron registradas en Florida por la esposa del actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat– poseen más propiedades en Utah. Actualmente, no es posible conocer si los integrantes de la familia Murat son los beneficiarios reales de estas propiedades, y de ser así cómo y con qué recursos las adquirieron. |
¿Por qué es importante identificar a los beneficiarios reales?
Tanto en México como en distintos países, el uso de compañías ficticias o empresas fantasma –entidades comerciales que existen únicamente en papel– con el objetivo de lavar dinero o cometer actos de corrupción es frecuente. Las empresas fantasma pueden abrir cuentas de banco, hacer transferencias y comprar propiedades como cualquier otra empresa, aún cuando no cumplen con las condiciones necesarias que aseguren que sus actividades son lícitas. Además se corre el riesgo de que estas empresas desaparezcan o se disuelvan en cualquier momento, sin ninguna consecuencia por sus actos.
Poder identificar quiénes son los beneficiarios reales contribuye a prevenir que empresas o determinadas instrumentos legales y financieros puedan ser utilizados con el fin de cometer un acto de corrupción, así como agilizar investigaciones sobre actos y redes de corrupción. En muchos países, incluido México, ya existen obligaciones legales para que determinados agentes legales y financieros –incluidos los bancos– identifiquen a los beneficiarios reales de las operaciones que conducen. Sin embargo, es clave que esta información comience a ser registrada en sistemas de información gubernamentales y de carácter público.
Recientemente el Reino Unido –y ante la magnitud que ha adquirido el problema dentro de su jurisdicción– se conviritó en el primer país en contar con un registro público de beneficiarios reales. Desde el 30 de junio de 2016, toda empresa que opere en el Reino Unido deberá proveer información sobre aquellas personas con un control significativo de la empresa, es decir, sus beneficiarios reales. El registro es público y puede consultarse en línea. Se estima que en el transcurso de un año, todas las empresas habrán registrado la información correspondiente.
En el caso de México, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió en la pasada Cumbre Global Anticorrupción a tomar los pasos necesarios para que dicha información se registre y se haga pública también en nuestro país. Adicionalmente, existe una sólida base legal –especialmente en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita– para que en un periodo menor a un año también pueda existir en México un registro de los beneficiarios reales de las empresas que operan en el país, y especialmente de aquellas que intentan obtener un contrato público.
Ilustración: Transparencia Mexicana