Los conceptos datos abiertos (open data) y gobierno abierto (open government) se han vuelto parte de los elementos que definen un sistema democrático. No obstante, “podemos encontrar países con gobiernos abiertos, en el sentido de ser transparentes, aun cuando no hacen uso de nuevas tecnologías y gobiernos que proveen datos abiertos sobre temas políticamente neutros, pero que permanecen profundamente opacos y no rinden cuentas”.

La ciudadanía quiere gobiernos que no desvíen recursos destinados al bienestar de la población, que los impuestos pagados se vean reflejados en servicios públicos de calidad, que no haya impunidad y que cumplan con el mandato de representarlos en la toma de decisiones. Datos abiertos y gobierno abierto no son sinónimos. Puede existir uno sin que exista el otro y uno u otro pueden realmente contribuir a la rendición de cuentas o no. Finalmente, la voluntad de quienes tienen la información y toman decisiones es lo que determinará que un instrumento o un nuevo paradigma contribuyan a que un gobierno rinda cuentas y a que sea eficiente o eficaz en el cumplimiento de su mandato democrático.

El UCLA Law Review publicó un artículo interesante en el que Harlan Yu y David. G. Robinson hacen un repaso histórico / anecdótico sobre el origen y el uso de ambos términos. Asimismo, presentan una propuesta para resolver la ambigüedad a la que ha llegado la puesta en práctica de los dos conceptos.

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Imagen: Flickr / justgrimes