¿Cómo reconstruir Acapulco y al mismo tiempo minimizar la corrupción?

Cuando vemos situaciones trágicas, como la que ocurrió recientemente en Guerrero tras el paso del huracán Otis, toma tiempo dimensionar la magnitud del desastre. Acapulco, una ciudad de casi 800,000 personas quedó reducida a obra negra. Muchos de sus habitantes no tienen agua potable, comida, hogar o luz. Muchos, también, se quedaron sin su principal fuente de ingreso. Tomará años para que el puerto y sus alrededores se recuperen social y económicamente.

Para quienes vivimos en zonas costeras, es imposible escribir sobre el Huracán Otis —que en menos de doce horas pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría cinco— sin mencionar la situación de emergencia climática en la que nos encontramos. Hoy, sin embargo, me parece importante entender las diferencias entre lo que se necesita, y se necesitará,  en las distintas etapas de reconstrucción que estamos viviendo.

Durante la emergencia el tiempo apremia. La etapa de alerta y de búsqueda, requiere celeridad para salvar vidas y para evitar más víctimas, que es la prioridad número uno. Normalmente, la emergencia es un periodo corto: días o semanas, cuando mucho un par de meses. En estos primeros momentos es cuando surge una solidaridad invaluable entre las comunidades, y también cuando hay mayor cobertura y visibilidad por parte de los gobiernos, los medios y la sociedad en su conjunto. En periodos de emergencias, la sociedad civil organizada —y no-organizada— ha participado buscando personas, donando provisiones, atendiendo personas enfermas, organizando trabajos, verificando información, dando refugio y atención psicológica, por mencionar solo algunos ejemplos. Las y los mexicanos nos hemos caracterizado por dar apoyo a las personas afectadas en estas situaciones. Es vital seguirlo haciendo, no podemos perder ese ímpetu de ayuda y solidaridad cuando más se necesita.

En estos momentos de emergencia, en los que los gobiernos tienen que tomar decisiones rápidas, es también importante fortalecer los mecanismos de vigilancia ciudadana. Un ejemplo de lo anterior son los esfuerzos realizados por diversas organizaciones en la pandemia del nuevo coronavirus. Desde antes de que se anunciara la declaratoria formal de emergencia, en Transparencia Mexicana integramos a un grupo de trabajo, compuesto por de trece capítulos de Transparencia Internacional procedentes de países de América Latina, para identificar riesgos en contrataciones públicas en estados de emergencia y mitigar la posibilidad de corrupción: opacidad, contratos ocultos, sobreprecios, falta de competencia y colusión, entre otros. Por otra parte, Transparencia Mexicana y TOJIL (una asociación de abogadas y abogados que combate la impunidad) organizaron el esfuerzo #SusanaVigilancia. En este periodo de emergencia y de completa incertidumbre en el mundo, #SusanaVigilancia se encargó de hacer un seguimiento de los tres poderes del Estado Mexicano en materia de derecho a la información, recursos públicos, contrataciones públicas, justicia digital y abierta y grupos en situación de vulnerabilidad.

La reconstrucción, contrario a la emergencia, es un periodo de años, en ocasiones décadas, es mucho más lento y crucial. Es un periodo en el cuál el ímpetu y los ojos de todos los sectores van disminuyendo. La vida cotidiana de aquellas personas que lo vivieron a la distancia regresa a la normalidad y es aquí en donde hay que recordar que la ayuda, aunque ya no es urgente, sigue siendo  necesaria. Para quienes perdieron familiares, su patrimonio de toda la vida, sus tratamientos de salud o su fuente de ingreso, la vida cotidiana no regresa con esa “normalidad”.

La reconstrucción es un periodo complejo, requiere planeación y prospectiva. De hecho, en comparación con una situación de emergencia, requiere una  cantidad mucho mayor de recursos económicos y humanos.

En los periodos posteriores a una emergencia, en la recuperación y reconstrucción, Transparencia Mexicana ha enfocado y donado su trabajo en que estos esfuerzos sucedan sin corrupción. Desde tragedias como el incendio de la Guardería ABC en Sonora a través de mecanismos de participación de padres y madres para mejorar la seguridad e higiene de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); hasta desastres causados por fenómenos naturales como los Huracanes Alex, Ingrid y Manuel, tormentas torrenciales en Sinaloa, con la participación de organizaciones locales en el colectivo #Torrente, los sismos de 2017 a través del mecanismo #Epicentro con la participación de decenas de organizaciones de la sociedad civil y sus esfuerzos  de monitoreo a los seis meses y un año, y ahora Otis en Guerrero con el Grupo de Trabajo para la reconstrucción sin corrupción.

Para la atención del desastre provocado por el huracán Otis, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC-SNA), la Universidad Nacional Autónoma de México —a través del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales (SURSA) y el Seminario Universitario de Transparencia (SUT)— y Transparencia Mexicana pusimos en marcha un grupo de trabajo, que se empieza a conocer públicamente como Arrecife para Acapulco, haciendo alusión a aquellas comunidades y estructuras marinas que, por su ubicación geográfica, funcionan como barreras para proteger a los manglares de los oleajes y como soporte para la formación de vida. Arrecife para Acapulco para una reconstrucción sin corrupción en los municipios más afectados por el Huracán Otis.

La reconstrucción de Guerrero apenas se está cuantificando, se estima en alrededor de 270 000 millones de pesos. Nuestro grupo de trabajo aprovechará la experiencia de distintas instituciones, organismos y colectivos nacionales e internacionales para contribuir en el diseño, monitoreo y seguimiento de la estrategia de reconstrucción. Esto nos llevará a emitir recomendaciones para las autoridades de los tres órdenes de gobierno y para la sociedad civil participante que permitan la transparencia de las acciones realizadas y la vigilancia de los recursos desde su origen hasta su destino. Esto incluye que los incentivos fiscales se den a quienes realmente los necesita, vigilar la eficiencia y apertura de las compras y adquisiciones públicas para infraestructura y recuperación de la vida económica de los municipios afectados; la protección de datos personales de las personas afectadas; y, con ello, contribuir al aprendizaje institucional y social de México en situaciones de desastres que requieren reconstruir una ciudad.

Arrecife para Acapulco considerará como guía la situación de crisis climática del mundo y la necesidad de modificar la forma de construir y vivir las ciudades; así como las desigualdades y pobrezas que atraviesan a las comunidades del puerto y sus alrededores. Si no actuamos de manera estratégica con una reconstrucción bien pensada, y de cara al futuro, sin corrupción, los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez seguirán siendo vulnerables y propensos a emergencias en el futuro. Esto aumentará cada vez más la desigualdad y pobreza que impera en el puerto y sus alrededores. Las y los acapulqueños con quienes he hablado buscan y sueñan con una reconstrucción consciente y amigable con nuestro entorno y sus ecosistemas, en donde los intereses de unos pocos no arrebaten los derechos de la mayoría.

La situación reclama las mentes y el talento de todo el país para levantar de nuevo a la ciudad. Acapulco, ciudad de casi un millón de personas, fue reducida a obra negra. Reconstruir implica hacerlo de forma íntegra, cuidando lo que es de las y los acapulqueños. Para las personas interesadas en poner su conocimiento y experiencia al servicio de una reconstrucción sin corrupción en Acapulco y Coyuca de Benítez, hemos habilitado la cuenta de correo arrecife@tm.org.mx. Las personas y las instituciones estamos listas para participar en la reconstrucción de un Acapulco más fuerte y resiliente, que nos impulse a repensar nuestras ciudades al beneficio de sus comunidades.

Paola Palacios
Coordinadora de Programa y Asuntos Internacionales en Transparencia Mexicana