¿Cómo están los programas sociales de Coahuila y Nayarit rumbo a las próximas elecciones?

Por Paola Palacios y Sumiko Andrade

Se acercan las elecciones en los estados de Coahuila y Nayarit, que se llevarán a cabo el próximo 6 de julio de 2014. Es en este contexto que es conveniente conocer qué tan sólidos son los programas sociales de estas dos entidades federativas a fin de saber si cuentan con los mecanismos legales y operativos, de transparencia y rendición de cuentas, de control y fiscalización y de participación ciudadana para poder tener una protección básica contra posibles usos político-electorales.

La Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales  (IPRO) es una plataforma web (www.programassociales.org.mx) de información pública, neutral e independiente sobre los programas sociales que operan en México, impulsada desde 2008 por Transparencia Mexicana (TM) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta plataforma permanece abierta durante todo el año para fomentar la mejora continua y permitir la actualización constante de la información por parte de las y los responsables de los programas sociales. IPRO recopila, publica, analiza y evalúa los datos proporcionados con el objetivo de contribuir a reforzar los criterios de protección de los programas sociales a través del fortalecimiento de su institucionalidad.

Por medio de IPRO, se pueden llevar a cabo distintos análisis de los programas sociales a nivel federal y por entidades federativas. Asimismo, a partir de la existencia o no de 20 atributos mínimos en los programas sociales, se obtienen indicadores de institucionalidad con valores entre el 0 y el 1, a partir de un autodiagnóstico que responden las y los operadores de más de 2,700 programas sociales. Los indicadores de institucionalidad se agrupan en cuatro categorías: reglas de operación y otros lineamientos, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, mecanismos de control y fiscalización, y mecanismos de participación social.

A partir de esta información capturada por los responsables de los programas sociales de Coahuila y Nayarit se tienen los siguientes resultados.

El estado de Coahuila reporta en IPRO contar con 75 programas sociales en operación. De estos, 58 (77.33%) reportan que cuentan con reglas de operación  y 48 (64%) de ellos cuentan con mecanismos para presentar quejas y denuncias sobre su operación. Una cifra que resulta importante para medir la protección de los programas sociales en tiempos electorales es que 50 (66.66%) de ellos difunden entre su personal y entre la población los medios para presentar quejas o denuncias de tipo electoral (por ejemplo en la Contraloría Social, las Contralorías Generales de los Gobiernos Estatales, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEPADE), la Secretaría de la Función Pública (SFP). De la misma manera, se reporta que en 52 (69.33%) de los programas sociales existentes se les informa a los servidores públicos que si utilizan recursos públicos o acciones de gobierno para la compra, coacción o condicionaminto del voto, incurrirán en una falta administrativa y penal. Por otro lado, 44 (58.66%) de los 75 programas ssociales informan sobre el ejercicio del gasto en el que incurren, 53 (70.66%) hacen público el padrón de beneficiarios y sólo 18 (24%) de ellos cuentan con evaluaciones. Los resultados de los indicadores de institucionalidad más bajos para los programas sociales del Estado de Coahuila son los mecanismos de control y fiscalización que presentan un cumplimiento de 0.66 de 1 y los mecanismos de participación ciudadana con un  0.46 de 1.

Los datos registrados en IPRO para el estado de Nayarit indican que cuenta con 76 programas sociales vigentes. Se reporta que 60 (78.94%) de los 76 tienen reglas de operación. Del total, 31 (40.78%) programas sociales tienen mecanismos para la presentación de quejas y denuncias sobre su operación. Por otra parte, 26 (34.21%) programas, es decir, uno de cada tres programas en el estado, difunden entre su personal y entre la población los medios para presentar quejas o denuncias de tipo electoral. En términos de informar sobre el ejercicio del gasto en el que incurren, únicamente 46 (60.52%) programas sociales en esta entidad federativa lo hacen, 49 (64.47%) de ellos publican su padrón de beneficiarios y 25 (32.89%) cuentan con evaluaciones. En cuanto a los valores obtenidos en términos de los indicadores de institucionalidad, resaltan como los resultados más bajos la categoría de control y fiscalización, con un 0.43 de 1, y para participación ciudadana con 0.21 de 1.

Si los programas sociales no tienen mecanismos permanentes para que funcionen bien y sean sólidos durante todo el año, es probable que durante los periodos electorales sean utilizados para otros fines y no para lo que fueron creados. El fortalecimiento de su institucionalidad debe ser el paradigma constante. Para conocer más de los resultados de la institucionalidad de los programas sociales en estas dos entidades federativas, dar click en Informe Coahuila_mayo 2014 e Informe Nayarit_mayo 2014