Lanzan Transparencia Mexicana y Tecnológico de Monterrey “C5 Anticorrupción”

• A tres años de la reforma anticorrupción, este Centro de Fusión de Inteligencia concentrará información e indicadores que permitirán valorar objetivamente los avances de los sistemas anticorrupción en México.
• Esta plataforma incluyente y descentralizada, sistematizará el trabajo de investigadores y organizaciones especializadas bajo un marco común y permitirá tener información sobre el avance de los sistemas anticorrupción, en qué sentido lo están haciendo, y si dan resultados.
• Esta iniciativa conjunta entre el Tecnológico de Monterrey y Transparencia Mexicana contará con un Consejo Técnico Asesor integrado por especialistas nacionales e internacionales y será anunciado en las próximas semanas.

En mayo de 2018, Transparencia Mexicana y el Tecnológico de Monterrey establecieron una alianza estratégica para impulsar acciones a favor del control de la corrupción en México. Tras un año de trabajo conjunto, ambas instituciones presentaron hoy el ´C5 Anticorrupción´, primer centro de fusión de inteligencia especializado en anticorrupción en América Latina.

Hoy, hay numerosas investigaciones, índices y reportes que informan sobre distintos aspectos del fenómeno de la corrupción en México, así como de las acciones para enfrentarla. Sin embargo, para autoridades, investigadores y ciudadanos es prácticamente imposible saber si, tras las acciones realizadas, México va avanzando, e incluso si tales avances van en el sentido correcto, en materia de anticorrupción.

Este Centro de Fusión de Inteligencia integrará bajo un mismo marco la información resultante de la investigación realizada por distintas entidades públicas, académicas y sociales, y permitirá tener una mirada de conjunto sobre las acciones anticorrupción del país. El C5 Anticorrupción toma en consideración indicadores nacionales e internacionales, estadística gubernamental, trabajos de investigación y documentos analíticos de las agencias multilaterales en el tema, además de la información que se genere desde la sociedad civil o el sector privado en materia de anticorrupción.

De forma sistemática y recurrente, el centro publicará informes sobre los avances de los sistemas anticorrupción del país, de acuerdo con los indicadores que se generan desde los distintos sectores, enfatizando los resultados e impacto de sus acciones, en el ánimo de que se conozcan y resuelvan los ‘cortocircuitos’ en esta agenda. Se espera el primero de estos informes detallados a finales de 2019.

En el ámbito académico, el C5 Anticorrupción también permitirá identificar áreas de oportunidad para nuevas investigaciones y mejorar la coordinación entre las mismas. El objetivo es aprovechar al máximo los esfuerzos que ya se realizan, evitar duplicidades y conectar el trabajo académico con la investigación aplicada en esta materia.

Durante la presentación del nuevo Centro de Fusión de Inteligencia, la cual se llevó a cabo en la nueva sede de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey en Mixcoac, se dieron a conocer diez indicadores relevantes sobre el Sistema Nacional Anticorrupción a tres años de su promulgación.

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Diez indicadores relevantes sobre el

Sistema Nacional Anticorrupción a tres años de su promulgación

1. Desde su promulgación en 2016, el Sistema Nacional Anticorrupción no ha podido establecer los mínimos necesarios para su funcionamiento en todo el territorio nacional. Hoy hay 30 de 33 sistemas anticorrupción operando de forma integral con las reformas legales y el total de instancias que conforman al Comité Coordinador integradas.
2. La Plataforma Nacional Digital del Sistema Nacional Anticorrupción, tal vez el pilar más importante en términos de información estratégica para la toma de decisiones se encuentra en desarrollo. Actualmente se cuenta con la plataforma informática, pero ninguno de los seis módulos (Declaraciones, Servidores Públicos en Contrataciones Públicas, Servidores Públicos y Particulares Sancionados, Fiscalización, Denuncias y Contrataciones) proporciona información definitiva y actualizada para los fines que fue creada.
3. A cuatro años de la demanda social por tener una plataforma nacional que integre las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, ésta no ha sido implementada y sigue habiendo resistencias de los poderes públicos por adoptarla.
4. De acuerdo con la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, otro de los pilares del SNA es la Política Nacional Anticorrupción (PNA), la cual no ha sido aprobada por el Comité Coordinador. De acuerdo con un análisis preliminar, la PNA no guarda conexión significativa con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en su vertiente de anticorrupción. Se trata de esfuerzos fragmentados que demuestran que no existe un mecanismo de coordinación efectivo para armonizar las diversas políticas anticorrupción en el país.
5. De acuerdo con Transparencia Mexicana, hay más de 110 formas diferentes de contratación en el país, lo que abre espacios a la discrecionalidad y reduce espacios a la certeza de los procedimientos de las compras gubernamentales. No existe una Política Nacional de Contratación Pública y la plataforma Compranet no tiene equivalentes en las 32 entidades federativas del país. Se usa de forma preponderante la contratación mediante adjudicación directa, superando el 70% del total de las operaciones. Esto contraviene al marco constitucional que establece que prioritariamente se contratará mediante licitación pública.
6. Los sistemas anticorrupción del país no han aprovechado la existencia de tecnologías de la información para el seguimiento a los recursos públicos. Muchas transacciones de gobierno, principalmente a nivel estatal y municipal, en particular en la dispersión de nómina y pagos a proveedores, siguen involucrando el uso de efectivo. El dinero no es completamente rastreable.
7. Fue solo hasta 2019, con la nueva administración, que inició una coordinación sistemática con la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria en materia anticorrupción a nivel federal. Ha sido hasta este año, 2019, que la Auditoría Superior de la Federación firmó un convenio marco con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través del SAT, se haga uso de tecnologías de información para enfrentar el problema de la facturación falsa y de empresas fantasma. Los estados, en general, carecen de capacidades de fiscalización y de Unidades de Inteligencia Financiera y los que han abierto estas unidades no tienen mecanismos de gobernanza apropiadas para los mismos.
8. Será necesario verificar que el Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General de la República integre estrategias anticorrupción pertinentes y acordes a la Política Nacional Anticorrupción para abatir los niveles de impunidad. Sigue pendiente la discusión y aprobación de Leyes para la Protección de Denunciantes y la incorporación de la figura de delación premiada.
9. De 11 gobernadores acusados de corrupción, sólo cuatro cumplen con una sentencia condenatoria (Luis Armando Reynoso, de Aguascalientes; Roberto Borge, de Quintana Roo; Eugenio Hernández, de Tamaulipas; y Javier Duarte, de Veracruz). Los siete restantes enfrentan sus procesos en libertad (Mario Anguiano, de Colima; Rodrigo Medina, de Nuevo León; y Guillermo Padrés, de Sonora), han sido absueltos (Pablo Salazar, de Chiapas; y Andrés Granier, de Tabasco) o se encuentran prófugos (César Duarte, de Chihuahua; y Roberto Sandoval, de Nayarit). Javier Duarte podría ver reducida a la mitad la pena original de nueve años.
10. La recuperación de activos por actividades derivadas de corrupción está en niveles que no corresponden al tamaño de los desvíos financieros. En el ámbito de la fiscalización superior, de acuerdo a una investigación de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, sólo se recupera poco más de 1 de cada 10 pesos de los montos determinados como producto de operaciones irregulares.

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