Por Bruno Brandão, publicado originalmente en Acento.

“Ahora corresponde a los países que están recibiendo la información evaluar cuál es la opción más adecuada, si el secreto o la transparencia”.

Culminó ahora en junio el plazo de seis meses durante el cual el Ministerio Público Federal de Brasil había acordado no compartir con las autoridades extranjeras la información revelada por Odebrecht y sus ejecutivos sobre los crímenes que cometieron en territorio extranjero. Esta cuarentena fue una de las condiciones que la empresa negoció para cerrar su acuerdo de colaboración en Brasil, con el objetivo de “voluntariamente” buscar otros acuerdos con los demás países.

Finalizado el plazo, otra condición se impone ahora a los países extranjeros: solo aquellos que garanticen inmunidad a Odebrecht y a sus ejecutivos recibirán la información de las autoridades brasileñas. Además, la información será transmitida de manera secreta entre la fiscalía brasileña y sus contrapartes extranjeras; es decir, no se hará pública automáticamente como muchos esperaban.

Recientemente, se filtraron los “Términos de compromiso de especialidad y de limitación de uso de pruebas”, un contrato que las autoridades peruanas tuvieron que firmar para recibir la información de sus contrapartes brasileñas. Todo indica que estos términos serán el estándar utilizado en la cooperación de Brasil con otras jurisdicciones que investigan los crímenes de Odebrecht, para imponer las condiciones en que se viabilizarán las transferencias de pruebas. Además de toda la polémica que la exigencia de inmunidad suscitó, otro punto del contrato generó cuestionamientos. En su parte final, el documento también dispone la necesidad de una autorización previa y expresa de las autoridades brasileñas para que las autoridades extranjeras que reciban las pruebas las transfieran “a otras instituciones nacionales, organizaciones internacionales o a terceros países”.

Este párrafo fue interpretado como si Brasil también estuviese impidiendo que el país receptor de las pruebas las hiciera públicas, ya que, por deducción lógica, dar publicidad a la información significaría también hacerla llegar “a otras instituciones nacionales, organizaciones internacionales o a terceros países”, lo que acarrearía, entonces, la necesidad de autorización previa y expresa de las autoridades brasileñas.

Consultados por Transparencia Internacional, procuradores del Ministerio Público Federal de Brasil afirmaron que no existe este tipo de imposición y que se mantiene la prerrogativa de las autoridades extranjeras de derribar el secreto. Aclararon que lo que tienen que garantizar –por imposición de los acuerdos que firmaron con Odebrecht– es que las pruebas no se utilicen en procedimientos legales movidos por otras instituciones contra la empresa y sus ejecutivos.

Ahora corresponde a los países que están recibiendo la información evaluar cuál es la opción más adecuada, si el secreto o la transparencia. Se argumenta que el secreto de esta información es necesario, en algunos casos, para preservar el buen desarrollo de las investigaciones. Aunque este argumento tenga fundamentos, la amplia divulgación que se dio en Brasil a las delaciones tuvo un papel importantísimo para que la operación Lava Jato ganara apoyo popular y, con ello, se blindara para resistir los ataques de gran parte de la clase política, que intenta sistemáticamente sabotear el proceso para garantizar su impunidad.

Otro aspecto importante que cuenta a favor de la transparencia es la posibilidad del control social a los procesos de investigación. La publicidad de la información ayuda a garantizar que todas las pruebas allegadas estén siendo tratadas con medidas apropiadas por parte de las autoridades responsables, es decir, que los hechos narrados estén siendo enteramente investigados para que se alcance, también, a los individuos que componían la cúpula de estos esquemas.

La publicidad también ayuda a comprobar que la información entregada por Odebrecht y sus ejecutivos esté realmente completa o que no haya omisiones. Odebrecht solo decidió colaborar con las autoridades brasileñas tras dos años de intensas investigaciones por parte de un grupo coordinado de fiscales que se han mostrado técnicamente capaces e independientes. Al contrario de lo que ocurrió en Brasil, se sabe que en al menos cinco países Odebrecht ya está negociando o concluyendo acuerdos de colaboración, tras solamente investigaciones incipientes o sin que siquiera se hayan iniciado investigaciones por parte de las autoridades locales.

Si una empresa todavía tiene intereses comerciales importantes en países en los que ha obtenido contratos y beneficios extraordinarios a través de corrupción, es razonable considerar que existe un riesgo de que opte por no delatar a las autoridades que tienen poder para engendrar fuertes represalias contra dicha empresa. Los fiscales brasileños, por más comprometidos que pudieran estar, no tendrían condiciones de conducir investigaciones profundas sobre los crímenes cometidos en cada país, haciendo las preguntas correctas y trazando los caminos adecuados para extraer de estos acusados la información completa. Por lo tanto, dependerá de la actuación de las autoridades de cada país hacer estas preguntas y garantizar el esclarecimiento integral de los hechos, alcanzando todos los crímenes y criminales, hasta su cúpula.

En América Latina, la realidad que predomina es una de fiscalías con pocos poderes y bajo fuertes presiones de los gobiernos. En contextos como este, se hace aun más necesaria la transparencia y, a partir de ella, la vigilancia de la sociedad contra la impunidad.

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