Van Transparencia Mexicana y Contraloría de Guadalajara por Beneficiarios Finales en Contrataciones

La Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara y Transparencia Mexicana, el capítulo en México de Transparencia Internacional, presentaron esta mañana, junto con empresarios locales, el Comité de Participación Social de Jalisco y organizaciones civiles locales, el primer Registro público y abierto de beneficiarios finales de un municipio en México.

Los beneficiarios finales o controladores últimos son los dueños de las empresas que venden bienes, prestan servicios o construyen obra pública para los gobiernos. La plena identificación de los accionistas y personas que tienen control sobre las empresas que contratan con el gobierno reduce el riesgo de posibles actos de corrupción y delitos financieros.

Los registros públicos y abiertos de beneficiarios finales han sido impulsados en países como Reino Unido, Estados Unidos, Colombia o Indonesia para identificar plenamente el destino del dinero público.

“El municipio de Guadalajara cumple con su obligación de transparentar los contratos, pero ahora toca saber con toda claridad quiénes son los dueños de esas empresas”, señaló Transparencia Mexicana. 

La Contraloría ciudadana del Municipio de Guadalajara, uno de los municipios que mayor presupuesto ejerce en el país, anunció que a partir del 2024 se transparentarán los nombres y datos de identificación de los dueños de las empresas que venden bienes y prestan servicios. En total, el Registro incluirá datos de más de 300 contrataciones. Se prevé que los datos de beneficiarios finales de empresas con contrato de obras públicas en el municipio, se hagan públicos en un segundo momento. 

Transparencia Mexicana y la Contraloría ciudadana continuarán impulsando medidas para evitar corrupción y delitos financieros en contrataciones gubernamentales.

El Registro público y abierto de Beneficiarios Finales de Guadalajara fue presentado a unos días de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció sanciones contra empresas que proporcionan servicios a municipios de Jalisco.