Mensaje de Eduardo Bohórquez –Director de Transparencia Mexicana– en representación de ciudadanos y organizaciones civiles con motivo de la entrega de la iniciativa ciudadana de #Ley3de3.


 

Senado de la República, 17 de marzo de 2016

 

Me han pedido que tome la palabra en nombre de muchos ciudadanos, que use mi voz para ser la de tantos otros, la de mis colegas y amigos aquí presentes, la de mi familia, y la de muchos mexicanos a los que no conozco, miles de ciudadanos que se han sumado a esta causa sin mayor interés que el de transformar el régimen en el que vivimos.

Por ello estoy profundamente agradecido.

En 2012, el Congreso de la Unión abrió la puerta para que los ciudadanos pudieran participar en el proceso de iniciación de leyes. La iniciativa ciudadana es un puente para acercar a la sociedad con el Congreso en el ánimo de contar con mejores leyes para nuestro país.

Hoy, 291,467 ciudadanos demandan al Congreso de la Unión un compromiso contundente para impedir que el servicio público sea fuente de riqueza ilegal y combatir frontalmente la corrupción e impunidad que dañan gravemente a nuestro país.

La fragilidad de nuestro Estado de derecho y el abuso de los cargos públicos para beneficio privado erosionan a las instituciones de la democracia y frenan el potencial de nuestra economía.

A partir de hoy, cientos de miles de ciudadanos evaluaremos el compromiso real de cada uno de los integrantes del Senado de la República y la Cámara de Diputados frente al desafío de la corrupción y la impunidad.

El debate y la resolución legislativa de la iniciativa de Ley 3de3 que hoy presentamos permitirán comprobar si las iniciativas ciudadanas son un instrumento para incrementar la confianza hacia los políticos o para profundizar la actual crisis de credibilidad.

Con la Ley 3de3 la sociedad mexicana demostró que está a la altura de los retos de nuestra República. Se dejó de lado el hartazgo estéril para dar paso a una propuesta innovadora y constructiva.

La protesta pública se convirtió en participación cívica.

La voluntad de transformar a México cobró forma en una iniciativa elaborada con el mayor rigor por los mejores juristas, especialistas e instituciones académicas del país.

Entre los muchos aspectos positivos de esta iniciativa destacan tres:

  1. Define claramente la corrupción administrativa, a partir de diez tipos de conductas ilegales.
  2. Rediseña el sistema de responsabilidades de los servidores públicos.
  3. Permite sancionar a particulares, ya sean ciudadanos y empresas, que participan en hechos de corrupción.

La iniciativa de Ley 3de3 reconoce también que hay funcionarios y representantes populares que día a día, ofrecen lo mejor de sí. La iniciativa busca contribuir a que cumplan con sus obligaciones y responsabilidades. Al definir qué es y qué no es corrupción, los servidores públicos podrán tener mayor certeza jurídica al tomar decisiones o cumplir sus tareas administrativas.

Actualmente están vigentes más de seis mil hipótesis de obligaciones en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. De aprobarse la ley, 11 criterios fundamentales normarán la conducta de quienes tienen una responsabilidad pública.

La sociedad mexicana presenta una iniciativa que, como dijo el Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es “técnicamente sólida, políticamente necesaria y socialmente útil”.

Invitamos al Senado y a la Cámara de Diputados, a nuestro Congreso, a mantener una discusión técnica y jurídica consecuente con el grado de seriedad contenido en la iniciativa de Ley 3de3.

Establezcamos juntos un sistema anticorrupción eficaz que dignifique la función pública y a nuestro país.

291,467 ciudadanos y un importante sector de la opinión pública confiamos en las instituciones democráticas de México. Confiamos en que la clase política es capaz de escuchar la demanda social, de encauzarla y de hacer vigentes mecanismos de control democrático congruentes con los derechos que ya consagra nuestra Constitución y apegados a las mejores prácticas internacionales.

Refrendamos nuestra completa disposición a participar en el diálogo legislativo aportando elementos jurídicos y técnicos que contribuyan a la aprobación de una ley con soluciones de fondo frente a la corrupción. Los criterios de Parlamento Abierto, a los que este Senado se ha comprometido, deberán ser el faro guía de los procedimientos legislativos para procesar la discusión.

Aprovechemos la oportunidad que la historia ha puesto ante nuestras manos. Que más de 290 mil ciudadanos hayan decidido que se puede transformar al país desde la legalidad y por la vía institucional es la semilla de una democracia participativa.

Estamos al final de un largo invierno. Hemos decidido pasar de la indignación y el dolor a la acción cívica. Estamos en los albores de una “primavera mexicana”, un momento de reformas impulsadas desde la ciudadanía y una oportunidad para traer de vuelta el interés público.