Desde el 18 de julio de 2016, fecha en la que se promulgó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en México, la responsabilidad social de las empresas y su sostenibilidad, van más allá de la inversión social que hagan en el entorno en el que operan y en el cual tienen influencia. Por primera vez, son legalmente corresponsables en la generación de interacciones íntegras.

En la última edición del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016, publicado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 123 de 176 países, con una calificación de 30 puntos, en una escala de 0 a 100, en donde cero es el país peor evaluado en corrupción y cien es el mejor evaluado en la materia. México cayó 28 posiciones y la calificación actual es cinco puntos menores que la medición anterior (2015).(1)

Estos resultados indican que las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del SNA no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el IPC.

El SNA representa un marco normativo inédito en México que tiene como objetivo la coordinación de instituciones que cumplan con alguna función anticorrupción dentro de este proceso: prevención, detección, investigación y sanción, para desmantelar redes de corrupción en las que podrían participar empresas y particulares.

En esta primera fase, el SNA está conformado por siete leyes. Las faltas graves y los delitos por hechos de corrupción en los que pueden incurrir las empresas y sus representantes están tipificadas: en el terreno administrativo, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y, en el campo penal, en el Código Penal Federal.(2)

La LGRA establece las faltas graves y los delitos en los que pudieran incurrir tanto servidores públicos como particulares, así como las sanciones correspondientes, las cuales van desde multas de los beneficios obtenidos por la empresa, inhabilitación temporal, suspensión de actividades, hasta la disolución de la misma.

Asimismo, la LGRA contempla mecanismos de prevención y atenuantes en materia de sanciones, y recomienda que las empresas cuenten con una política integral anticorrupción. Con base en la LGRA, una política de integridad incluye, un manual de organización y procedimientos, un código de conducta, sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, sistemas adecuados de denuncia internos y externos, procesos de capacitación, y políticas de recursos humanos que eviten la contratación de personas que pongan en riesgo la integridad corporativa, entre otros aspectos.(3)

La correcta implementación del SNA y de los Sistemas Estatales Anticorrupción (4) permitiría que se ponga fin a las prácticas que incrementan los costos de operación de las empresas y que merman sus utilidades, lo cual afecta directamente la sostenibilidad de las mismas. Por ejemplo, entregar 10% del contrato público a los servidores públicos involucrados con un proceso de adjudicación.

Al respecto, Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, comenta: “Cuando tienes recortes presupuestales, una economía que va a crecer 2% y, además, le quitas a las empresas utilidades o posibilidades de crecer, a partir de ‘moches’, estás asfixiando la economía”.

En relación a las recomendaciones incluidas en la LGRA, Transparencia Internacional ha publicado desde el 2008 el reporte de Transparencia de la Información Corporativa (TRAC)(5), el cual constituye una suerte de guía para la implementación de acciones por parte de las empresas para mejoras en integridad y anticorrupción.

La última edición de TRAC 2016 se enfoca en empresas multinacionales de mercados emergentes. TRAC evalúa la disponibilidad pública de información corporativa en los sitios web de las empresas en tres dimensiones:

– Programas anticorrupción
– Transparencia organizativa
– Información desglosada por país

El hecho de que esta información sea pública, no garantiza el buen desempeño de la empresa, pero sí representa un indicador de compromiso en la creación de un entorno íntegro apegado al actual marco normativo en México y a las mejores prácticas anticorrupción a nivel internacional.

Hoy en día, la responsabilidad social y la sostenibilidad de las empresas, tiene que ver con que éstas se asuman corresponsables en el control de la corrupción, lo cual se traduciría en mejores condiciones de competencia e inversión para ellas, así como de calidad de vida para las personas.

1. Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016 http://www.tm.org.mx/ipc2016/
2. Entrevista a Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, A.C. http://www.forbes.com.mx/nuevo-sistema-anticorrupcion-las-empresas-la-mira/#gs.DjIZ1t4
3. Nina Solís http://www.forbes.com.mx/nuevo-sistema-anticorrupcion-las-empresas-la-mira/#gs.DjIZ1t4
4. Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción http://www.tm.org.mx/rutasna-hacia-la-implementacion-del-sistema-nacional-anticorrupcion/

Imagen: Dennis Jarvis, https://www.flickr.com/photos/archer10/4120610007

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