La necesidad de una política anticorrupción en México

El arranque del presidente electo fue certero. Dotar al IFAI de la autonomía constitucional que la administración anterior había negado. Reformar la administración pública federal y desaparecer una secretaría que, en opinión de muchos, había quedado lejos de cumplir la promesa foxista de acabar con la corrupción del régimen de 70 años. Impulsar la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción que quitara el estigma a México de ser una sociedad corrupta con un Gobierno corrupto emanado de un partido corrupto.

La administración de Calderón también cerraba con fuerza. El presidente saliente impulsaría esas tres reformas a cambio de otras, que serían legado de su Gobierno. Unos meses antes, había impulsado reformas a la Ley Federal de Adquisiciones para endurecer las sanciones a funcionarios y empresas, y durante la transición entre gobiernos, el presidente Calderón impulsó reformas adicionales a la contabilidad gubernamental. Era momento no solo de la armonización de los estándares contables de federación, estados y municipios, sino de transparentar los presupuestos y deudas gubernamentales de estos últimos.

A finales de este mes se cumplirán 100 días de gobierno del presidente Peña Nieto y casi cinco meses desde que inició una nueva alternancia entre partidos. El “interregno” permitió iniciar estas y otras reformas, y aunque en la reforma laboral tuvo que invertirse un vasto capital político, la sensación en la opinión pública es que el país estaba en movimiento.

La lucha contra la corrupción y el Pacto por México

Además de presentar las tres iniciativas —autonomía constitucional al IFAI, reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y propuesta de Comisión Nacional Anticorrupción—, el nuevo Gobierno (Poder Ejecutivo y fuerzas políticas en el Congreso) incorporó las propuestas y acciones al Pacto por México. Fue una forma de anclarlas para que no terminaran en el limbo legislativo.

En el compromiso 82, las fuerzas políticas ratificaron lo aprobado en materia de contabilidad gubernamental, insistiendo en la importancia de su instrumentación. El compromiso 83 se refería a la reforma para hacer del IFAI un órgano constitucional autónomo y el 84 hablaba de los órganos estatales de acceso a la información como autónomos y colegiados.
En el compromiso 85, se retoma el tema de la Comisión Nacional Anticorrupción y se habla por primera vez de un sistema nacional de comisiones estatales con el propósito de prevenir, investigar, denunciar y sancionar los actos de corrupción, poniendo particular énfasis en la CFE y Pemex.

El compromiso 86 retoma una propuesta de la sociedad civil y habla de la creación de un Consejo Nacional para la Ética Pública con la participación de diversas autoridades del Estado mexicano y miembros de la sociedad civil, para dar seguimiento a las acciones concertadas contra la corrupción.

La agenda legislativa: autonomía al IFAI y agencia anticorrupción

El Pacto por México ratificó la importancia de las reformas impulsadas y les dio un marco político. Las principales fuerzas políticas coincidían: había que impulsar la armonización contable y su transparencia, dotar de autonomía constitucional al IFAI e impulsar la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción.

Una parte de la comunidad académica y de la sociedad civil, sin embargo, se mostró insatisfecha con las reformas. Algunas organizaciones incluidas en la Red de Rendición de Cuentas empezaron a desarrollar la idea de una “fragmentación de la política de rendición de cuentas”, y académicos en ambos lados del espectro ideológico expresaron sus dudas sobre el diseño de la Comisión Nacional Anticorrupción. Las dudas no tuvieron mayor eco en la vida parlamentaria y se aprobaron reformas a la administración pública federal que iniciarían el procedimiento para transferir las funciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a otras dependencias. A punto de arrancar el proceso administrativo para desaparecer la SFP, un artículo transitorio de las propias reformas dejó claro que esta no puede desaparecer legalmente hasta que se cree la nueva Comisión Nacional Anticorrupción.

En los próximos días se definirá tanto el tema de la autonomía constitucional del ifai como el destino de la propuesta de creación de una Comisión Nacional Anticorrupción. La discusión de la autonomía del IFAI se verá inevitablemente afectada por el nombramiento de —cuando menos— dos comisionados. Por lo que toca a la Comisión Nacional Anticorrupción, es factible que el debate parlamentario incorpore elementos de una fiscalía (parte de la propuesta que hiciera el entonces senador Ricardo García Cervantes y que aprobó el Senado el año pasado) y de la propuesta de una agencia anticorrupción que impulsa el senador Alejandro Encinas del PRD.

¿Por qué es necesaria una política anticorrupción?

La eventual aprobación de las dos iniciativas, una de acceso a la información y otra sobre la Comisión Nacional Anticorrupción, será sin duda un avance significativo en la construcción de un marco institucional para ampliar la transparencia, el Gobierno abierto y la eficacia de los órganos contra la corrupción, pero no resuelve el problema de articulación entre sus ámbitos de influencia. No toda forma de corrupción se resuelve con mayor transparencia, ni todo riesgo de corrupción se reduce al sancionarla eficazmente. Es necesario articular acciones. Reducir, como señalan los académicos, la fragmentación. Lo contrario generará, como ya ha ocurrido, leyes especiales para materias convergentes: una reforma para transparentar la contabilidad gubernamental; otra para sancionar duramente la corrupción en licitaciones federales, pero no en las estatales; otra más para atender el tema de la transparencia sindical en las leyes laborales, y seguramente una reforma especial para transparentar la publicidad oficial.

No es que cada una de estas acciones no sea importante, ni deseable. Muchas de ellas son claves para la vida democrática en los próximos años. El problema estriba en la naturaleza aislada de estas medidas, fruto de posturas políticas cambiantes y no de una política que busque darles coherencia y futuro. Se dirá con razón que la política es así en todos los temas; que las acciones en materia de salud pública o seguridad ciudadana nunca son completamente integrales; que en política, “andando la carreta se acomodan las calabazas”, y que ha sido así como se han dado los avances en los derechos civiles en el Distrito Federal o en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Sin embargo, a pesar de lo convincente del argumento pragmático, la ausencia de un marco conceptual compartido resulta evidente a todas luces. Vamos resolviendo asuntos como se nos van presentando. No hay puerto de llegada, ni estrategia de continuidad. Se asume, como se asumió con la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef) hace más de 30 años, que las dependencias definen su mejor rumbo. No lograron hacerlo ni la Secogef, ni la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, ni la Secretaría de la Función Pública. Tampoco la Procuraduría General de la República. Hace falta un plan maestro fuera de las dependencias y cuerpos administrativos que ejecutan el plan maestro. Una hoja de ruta que, sin afectar facultades y funciones específicas, oriente nuestras medidas legales y administrativas para reducir significativamente la corrupción en el país. Repetir que la corrupción es el peor enemigo de nuestro desarrollo ya no es suficiente. Es necesario, casi urgente, contar con una política pública que articule, coordine, alinee y dé visión de futuro a las cada vez más frecuentes acciones para enderezar la República.