Hambre de resultados: Una nueva cruzada en México y su necesidad de transparencia y rendición de cuentas

México es la segunda economía más grande en América Latina y en constante crecimiento. A pesar de su desempeño económico, México sufre de pobreza y desigualdad. El nuevo gobierno puso en marcha recientemente la “Cruzada Nacional contra el Hambre”, como una de sus prioridades. La Cruzada se concentrará en atender a 400 municipios con altos niveles de pobreza extrema y carencia alimentaria. Estos municipios albergan a 7.4 de los 52 millones de mexicanos que viven en pobreza.

Esta nueva estrategia busca combinar esfuerzos entre el gobierno federal, estatal y municipal, sociedad civil y organismos internacionales, que requerirán la coordinación de al menos 70 programas sociales.

Al existir una correlación positiva entre la transparencia, la rendición de cuentas y los resultados de desarrollo, es crucial que los programas sociales – en especial aquellos que integran esta cruzada políticamente sensible- estén sujetos al escrutinio externo e independiente.

Una pregunta obvia, pero difícil de responder es: ¿Qué tan institucionalizados se encuentran los programas sociales en México y, particularmente, aquellos dirigidos a contrarrestar el hambre?

En la mayoría de los países, incluyendo México, en donde cada estado cuenta con diferentes programas sociales, es difícil saber cuántos existen y cuáles son sus niveles de impacto y efectividad. Un panel recientemente organizado por la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en Chile[1], mostró que no únicamente los gobiernos federales, como el mexicano; sino también gobiernos centrales, como el chileno, presentan problemas comunes para integrar cada uno de sus programas sociales en una sola base de datos, incluyendo sus resultados e impacto. Incluso en los países más desarrollados ha sido difìcil la tarea de crear bases públicas en datos abiertos que contengan dicha información[2].

En el caso de México, recientemente se han llevado a cabo esfuerzos que han tratado de resolver esta interrogante[3]. El gobierno, organismos internacionales y sociedad civil han unido esfuerzos para consolidar en una sola base de datos la información sobre los niveles de institucionalidad de los programas sociales, a nivel federal y estatal. Los resultados son alarmantes.

En un país con una de las leyes de acceso a la información más avanzadas del mundo, sólo el 50% de los programas sociales orientados a aliviar el hambre reportan haber hecho público su presupuesto y un informe sobre el ejercicio del gasto.

Adicionalmente, el 63% de estos programas reportan no contar con ningún tipo de evaluaciones independientes.[4].

México cuenta con más de 2,000 programas sociales operando en el país. Esto muestra que el financiamiento para el desarrollo ya no es el único obstáculo. El mayor reto es asegurar que cada uno de los pesos gastados en estos programas sea gastado sabiamente.

La institucionalidad de los programas sociales –lineamientos normativos, transparencia y rendición de cuentas, control y fiscalización y participación ciudadana—es la única forma en que los pesos pagados por los contribuyentes se puedan transformar en resultados concretos para terminar con la pobreza y el hambre en México.

Alineado a estos esfuerzos, el Secretariado de Transparencia Internacional, está promoviendo también un programa regional llamado Equidad Económica para América Latina (EELA, por sus siglas en inglés). Este programa busca promover mecanismos a través de los cuales los beneficiarios de los programas sociales puedan tener un papel activo en el monitoreo del uso de los recursos públicos, así como en la lucha contra la corrupción.

 Para consultar el artículo en ingles en la página de Transparencia Internacional, consultar aquí.