Foto tomada de la página www.greenclimate.fund

Foto tomada de la página www.greenclimate.fund

Por: Vania Montalvo y Omar Ayala.

El más nuevo de los mecanismos financieros a nivel global para la atención al cambio climático ha dado inicio a la movilización de recursos para la implementación de proyectos. En noviembre de 2015, el Fondo Verde Climático (GCF, por sus siglas en inglés) tomó sus primeras decisiones financieras al aprobar 8 proyectos y programas que suman 624 millones de dólares para su implementación, monto que representa poco más del 6%  de un total de 10.2 mil millones de dólares con los que cuenta este mecanismo actualmente.

Uno de los proyectos acreditados tiene como propósito la creación de bonos verdes en eficiencia energética para la región de América Latina. El monto aprobado para tal efecto es de 215 millones de dólares con una duración de 10 años. De este financiamiento 20 millones de dólares están designados directamente para México en modalidad de garantía.

Ante este nuevo panorama y la necesidad identificada de fortalecer las capacidades en la región para conocer las operaciones del Fondo y monitorear las decisiones que se toman dentro de él; los días 18 y 19 de febrero de 2016 se llevó a cabo en la Ciudad de México el “Taller de fortalecimiento de capacidades sobre el Fondo Verde Climático para la sociedad civil en Latinoamérica”, organizado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) -con el apoyo de LARCI y la Fundación Mott- y en colaboración con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) y Transparencia Mexicana.

El taller hizo posible que diferentes actores de la región conocieran más información sobre cómo funciona el Fondo, qué relaciones e implicaciones tiene para la región y qué tipo de actividades financia. Asimismo  tuvo como propósito identificar qué tipo de oportunidades de colaboración se pueden construir para asegurar la participación en el diseño,  desarrollo e implementación de proyectos y programas que puedan ser financiados por dicho  mecanismo.

En lo que respecta a los mecanismos de gobernanza con los que cuenta el Fondo, se destacó que se trata de una institución que, entre las diferentes políticas establecidas para la toma las decisiones y distribución de los recursos, el Fondo posee ciertos organismos clave para asegurar la integridad en el funcionamiento, toma de decisiones y uso de los recursos. Se trata de la Unidad Independiente de Integridad (IIU) –capaz de investigar y dar recomendaciones contra la corrupción y fraude- y el Mecanismo Independiente de Revisión (IRM). Estos mecanismos son clave para incrementar la confianza en el Fondo y tener certeza de que, en caso de identificar riesgos de corrupción o desvío de recursos, existen las políticas y procedimientos determinados para evitar  este tipo de riesgos.

No obstante, a pesar de la relevancia de estos dos mecanismos, éstos todavía no están en operación. Se espera que durante la próxima sesión de los miembros de la Junta, se apruebe al equipo técnico que estará trabajando en ellos y se conozca más sobre sus funciones y procedimientos.

Con la participación de organizaciones  de distintos países de la región, entre los que destacaron Perú, Argentina y Colombia, fue posible compartir algunas ideas para la construcción de capacidades y fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas sobre el uso y destino de los fondos.

Para conocer más sobre las acciones que ha llevado a cabo el Fondo y las relaciones que han establecido algunos países con este mecanismo, se contó con la participación de Eduardo Freitas, Especialista en Diálogo de Operaciones de País en el Secretariado del GCF, quien expuso el papel de las autoridades nacionales designadas y entidades acreditadas. Hasta la fecha, de acuerdo con lo presentado, son 139 países los que ya cuentan con una Autoridad Nacional Designada, 97 países los que han manifestado interés en obtener un apoyo financiero para la preparación del país ante el mecanismo. Este recurso, denominado readiness support, permite que los países accedan a financiamiento para estar en capacidades de ejecutar proyectos de mayor alcance.

Durante la presentación fue posible ver que existen diferentes tipos de financiamiento que ya están siendo transferidos entre el Fondo y los países. No obstante, para poder distinguir si un recurso asignado está relacionado con la preparación de un país o para la implementación de un proyecto, todavía no existe un sistema de información o registro sobre los tipos de financiamiento que ya están operando con el Fondo. Por esta razón, aún no es posible revisar de forma comparativa qué países o proyectos han sido beneficiados.

El taller también contó con la participación del Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE), quién compartió su experiencia con el Proyecto “Construyendo la Resiliencia de los Humedales en la Provincia Datem del Marañón, Perú” y que forma parte de la cartera de proyectos del FVC.

También se tuvo la presencia de la oficina en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cuya exposición sobre el marco metodológico utilizado en la ejecución de proyectos en el país permitió el enriquecimiento de los debates e ideas del taller.

Finalmente, el taller cerró con una serie de intercambios de ideas e insumos para tomar acciones en el caso del Fondo. Entre las propuestas que destacan se encuentra la puesta en marcha de un observatorio en la región. Se enfatizó también que, si bien se puede reconocer que el Fondo Verde Climático ha dado avances significativos para publicar y transparentar las decisiones que toma, es necesario que los mecanismos para asegurar la integridad del financiamiento climático empiecen a operar.

Por ello, se espera que para la próxima sesión de la Junta del Fondo Verde Climático, por celebrarse del 8 al 10 de marzo, se pongan en marcha los mecanismos clave como la Unidad Independiente de Integridad (IIU) y el Mecanismo Independiente de Revisión (IRM).

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