Follow the money

Federico Reyes Heroles

Por respeto al lector rara vez aludo en este espacio a otras actividades de quien esto escribe. En esta ocasión no encuentro alternativa. Recuerdo la cara de signo de interrogación de Fox, en ese momento Presidente electo. ¿Y qué es eso de acceso a la información?, me preguntó. Se había reunido con el rector de Transparencia Mexicana (TM), institución recién nacida, le habíamos hecho entrega de un documento elaborado en colaboración con la Universidad de Berkeley sobre las 10 medidas más eficaces para combatir la corrupción. Uno de los primeros apartados era ese, acceso a la información pública. El principio es muy sencillo le dije, en Estados Unidos popularmente le llaman Follow the money, allí donde hay dinero público los ciudadanos tenemos derecho a meter nuestras narices.

Nunca imaginé que alrededor de dos años después en México habría una ley federal con su correspondiente instituto y el mandato para la creación de los locales. Muchas ONG y académicos hicieron un gran trabajo. Fox fue sensible al tema y sin duda el país avanzó. Hay un antes y un después, con ley o sin ella. Ese primer paso se dio en su gestión. Quizá sea su principal legado institucional. Pero fue sólo eso, un primer paso, el IFAI ha hecho un muy buen trabajo -el Ejecutivo federal está bajo escrutinio- pero todavía hay en el país enormes lagunas de opacidad y muchas resistencias que vencer. El Follow the money debe de ir de punta a punta, desde los ingresos hasta los gastos. Eso no lo hemos logrado. Pongo algunos ejemplos.

1. Pareciera que los señores legisladores de todos los partidos han encontrado en los llamados “excedentes petroleros” un cómodo territorio de opacidad compartida. Sistemáticamente se establece para el barril de petróleo exportado un precio de referencia muy por debajo de la cotización real de mercado. En la última década los “excedentes petroleros” -la diferencia entre lo presupuestado y el precio real de mercado- alcanzó casi los dos trillones de pesos. Los excedentes se dirigen a tres fondos, uno federal, uno para Pemex y otro para los estados. En teoría Hacienda rinde cuentas del gasto federal en sus informes trimestrales. Pero, ¿en qué se invirtieron o gastaron los otros recursos? La opinión pública no sabe nada, podría haber una suerte de Contraloría especial con presencia ciudadana. Las asignaciones discrecionales explican inconsistencias y caprichos de gobiernos estatales y municipales. Los legisladores cuentan con una enorme bolsa discrecional que fomenta la falta de planeación a nivel nacional.

2. ¿Puede el Estado condonar obligaciones fiscales sin informar a quién se beneficia? Se argumenta que se quebrantaría el secreto fiscal. Se entiende hasta cierto punto que la información de los causantes que se encuentran al corriente en sus obligaciones se escude en la secrecía. Pero lo que resulta indefendible es que un servidor público, en este caso del SAT, pueda beneficiar -eso es una condonación- a personas físicas o morales sin rendir cuentas. Esos dineros debieron entrar a las arcas, en principio eran de los mexicanos, se daña al erario. Para el 2012 se calculó que esas condonaciones oscilaban los 30 mil mdp., la mitad de Oportunidades. La persona encargada de esas operaciones es muy poderosa y trabaja en la opacidad.

3. La semana pasada en el IFAI se libró una batalla central. La comisionada Peschard logró desterrar el criterio que eximía a los gobiernos municipales y estatales de informar sobre el uso que se hace del ISR retenido de sus empleados. Fantástica complicidad de gobernantes que gastan de más a partir de impuestos no entregados. Es sólo el principio.

4. Hace alrededor de cinco años TM inició un proyecto conjunto con el PNUD para identificar los llamados programas sociales de las 32 entidades, IPRO. En ese momento el 50% de ellos no tenían reglas de operación. La gran mayoría no eran programas sociales sino acciones de una vez, gastos sin proyecto ni continuidad. En la actualidad uno de cada dos no hace público su presupuesto ni informa sobre el ejercicio del gasto. En su origen la gran mayoría de los dineros son federales, cheques en blanco de los gobernadores. El IPRO muestra que hay entidades que cumplen con todos criterios y otras cuyos programas no alcanzan ni el 40% de cumplimiento.

Conclusiones. La expresión blindar está rebasada, no se trata de portarse bien durante los procesos electorales, se requiere institucionalizar los programas sociales. México necesita de un Consejo Nacional de Probidad, así lo ha propuesto TM, en el que estén sentados el gobierno federal, los gobernadores, el procurador general, representantes del Legislativo y un fiscal anticorrupción con capacidad de investigación y persecución. En ese Consejo podrían establecerse políticas nacionales, como por ejemplo la compra de medicamentos por parte del Estado mexicano. Sólo así se dará el próximo paso, institucionalizar el gasto público, dar continuidad a los programas, es decir que la República rinda cuentas.

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