En riesgo reducción de la pobreza y de la desigualdad si no se revisa la eficacia y los resultados de los programas sociales vigentes: Transparencia Mexicana y PNUD.

• El diseño institucional de la política social no garantiza que ésta contribuya al abatimiento de carencias.
• Dificultades para conocer la oferta total de acciones y programas sociales en el ejercicio fiscal en el que operan.
• Un alto porcentaje de programas y acciones para el desarrollo social no cuentan con mecanismos para la detección de concurrencias o duplicidades.

Ciudad de México a 25 de junio de 2018.- En el marco de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO), Transparencia Mexicana (TM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México invitaron a los responsables de la política social del país a realizar voluntariamente un autodiagnóstico sobre el nivel de solidez institucional de los programas y acciones que llevan a cabo. El objetivo es que, a falta de un catálogo nacional, se cuente con información actualizada de la oferta de programas y acciones para el desarrollo social que se encuentran en operación durante el ejercicio fiscal corriente. Así, IPRO busca constituirse en un complemento al Inventario Nacional del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), que ofrece información sobre la política social de los tres órdenes de gobierno, con base en las cuentas públicas de años anteriores.

Este año, se recabaron datos sobre 515 programas y 28 acciones para el desarrollo social de los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, éstos no constituyen la oferta total de acciones y programas sociales, lo que da cuenta de un importante vacío en términos de transparencia y rendición de cuentas, que debe subsanarse para posibilitar una adecuada vigilancia.

El análisis de la información de la que se dispone permitió a ambas instituciones concluir que aún no hay controles institucionales suficientes que aseguren el adecuado ejercicio de los recursos públicos para la superación de carencias.

Uno de los principales pendientes de la política social en México es el relativo a la graduación de la población beneficiaria. En el ámbito federal, 62 por ciento de las intervenciones (programas y acciones para el desarrollo social) no prevén estrategias de salida de las personas que reciben los bienes o servicios ofrecidos, en los casos en los que sus condiciones de vida mejoren sustancialmente gracias a la propia intervención y que alcancen un estado de baja vulnerabilidad. En el ámbito subnacional, dicha cifra asciende a 86 por ciento. Lo anterior significa que, en promedio, sólo dos de cada 10 intervenciones prevén procesos que aseguren: (1) el cumplimiento de los objetivos planteados en el diseño de la acción o programa social, relativos al abatimiento de carencias; (2) el rompimiento de dependencias que se puedan generar en torno a los apoyos y que se traduzcan en potenciales clientelas políticas.

Por otro lado, se reportó que 60 y 50 por ciento de las intervenciones de desarrollo social federales y estatales, respectivamente, no tienen mecanismos para detectar concurrencias o duplicidades en el tipo de apoyos que ofrecen o en la población objetivo que atienden, lo que se puede traducirse en ineficiencias en el gasto social y en la multiplicación de acciones y programas coyunturales y poco efectivos.

Adicionalmente, se encontró que sólo una de cada dos intervenciones del orden estatal es evaluada periódicamente para medir su cobertura, calidad e impacto y, con base en ello, delinear estrategias de mejora o racionalización de programas y determinar la continuidad o interrupción de la política pública. Esto, a pesar de lo dispuesto por el título quinto de la Ley General de Desarrollo Social, en donde se establece que las evaluaciones serán anuales.

Finalmente, TM y PNUD señalan que, en las 543 intervenciones registradas, no hay suficientes mecanismos de participación ciudadana ni de vigilancia social. En el ámbito federal, sólo en un tercio de los programas federales existen mecanismos de participación ciudadana en la formulación y evaluación de programas, y 79 por ciento de ellos reportan tener contraloría social. Mientras que en el ámbito estatal uno de cada dos no cuenta con dichos mecanismos.

Un contexto de debilidad institucional en la implementación de los programas sociales representa un obstáculo para que se constituyan en derechos exigibles por la ciudadanía y en auténticos instrumentos para la superación de carencias. TM y el PNUD insisten en la necesidad de que, desde el diseño de las intervenciones para el desarrollo social, se adopten atributos de institucionalidad.

Después del proceso electoral 2018, se integrará un nuevo gobierno federal y nueve gobiernos estatales y sería deseable un compromiso por llevar a cabo una reestructura de los programas sociales, que incorpore atributos de institucionalidad y que procure su pertinencia y eficacia en el combate a la pobreza y a la desigualdad.

Ambas instituciones hacen un exhorto para que, desde la Ley General de Desarrollo Social, se homologuen las definiciones sobre lo que significa un programa y una acción de desarrollo social que genere certeza sobre las características de cada uno y las obligaciones asociadas a cada tipo de intervención. Por último, continúa siendo prioritario integrar la oferta total de acciones y programas sociales del país en el momento en el que operan a fin de contar más elementos para una mejor vigilancia de los recursos que se ejercen y de sus resultados.

ANEXO

Mecanismos de participación ciudadana y contraloría social en programas y acciones de desarrollo social de las entidades federativas con cambio de gobierno en 2018

De acuerdo con lo reportado directamente por los gobiernos a la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO) www.programassociales.org.mx en 2018 Transparencia Mexicana y el PNUD encontraron lo siguiente:

• En 2018, Chiapas solo reportó contar con cinco programas sociales. Cuatro de ellos identificaron mecanismos de contraloría social. Ninguno de los programas declaró tener mecanismos de participación ciudadana.
• En 2018, la Ciudad de México reportó tener 70 programas y acciones de desarrollo social. Solo 10% de los programas tienen mecanismos de contraloría social. Seis de cada diez intervenciones no tienen mecanismos de participación ciudadana en el diseño y formulación de los programas.
• En 2018, Guanajuato reportó 91 programas y acciones. El Gobierno del Estado informó que 90% tienen mecanismos de contraloría social y 80% mecanismos de participación ciudadana.
• Jalisco reportó que, en 2018, 80% de los 25 programas y acciones registrados cuentan con contraloría social y 70% con mecanismos de participación cívica.
• En 2018, Morelos informó que sólo 13% de sus 45 programas y acciones para el desarrollo social cuentan con contraloría social. Solo 4% de las intervenciones tiene vías para la participación ciudadana.
• En Puebla, en 2018, 57% de los 22 programas y acciones registrados informaron tener mecanismos contraloría social y 16% cuentan con mecanismos de participación ciudadana.
• En 2018, Tabasco reportó tener cuatro programas sociales y acciones, 3 de ellos con mecanismos de contraloría y participación en evaluación. Ninguno contempla la participación de la ciudadanía en su formulación y sólo una cuarta parte la contempla en su ejecución.
• Veracruz reporta 45 programas y acciones de desarrollo social. Cincuenta por ciento cuenta con contraloría social y mecanismos de participación ciudadana.
• Yucatán únicamente registró un programa social en la plataforma del PNUD y TM. No cuenta con mecanismos de participación social ni de contraloría social.

Para consultar el informe y la plataforma visitar: www.programassociales.org.mx.

Una iniciativa de:                                                                                                                       Con el apoyo de:

Para contacto de medios de comunicación:

Transparencia Mexicana: Paola Palacios, ppalacios@tm.org.mx, tel. 56594714; 0445511726300

PNUD: Ana Del Toro, ana.deltoro@undp.org Tel. 40009793

Transparencia Mexicana no recibió financiamiento directo de USAID para su participación en este estudio. La participación de TM fue posible gracias a su Fondo de Investigación Aplicada.

 Este estudio/reporte/sitio web/video fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de este estudio/reporte/sitio web/video es responsabilidad de PNUD y TM y no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.