• Transparencia Mexicana analizó 1561 programas sociales que operan a nivel federal y en las 32 entidades federativas
  • De los 1561 programas, 72% reportan tener mecanismos para la presentación de quejas y denuncias de tipo electoral
  • Uno de cada cinco programas sociales en el país todavía no informa a sus funcionarios responsables sobre cuáles son las faltas administrativas y penales derivadas del uso de programas sociales con fines electorales.
  • El estudio muestra niveles distintos de protección entre el Gobierno Federal y las entidades federativas del país.

Ciudad de México, 15 de mayo de 2013.- Transparencia Mexicana (TM), capítulo nacional de Transparencia Internacional, publicó hoy un informe especial sobre los mecanismos de queja y denuncia en materia electoral de programas sociales federales y estatales en México. Este informe especial se publica en el marco del proceso electoral a celebrarse el 7 de julio de 2013 y que incluye a catorce entidades federativas del país.

Desde 2008, Transparencia Mexicana ha insistido en la importancia de fortalecer los niveles de institucionalidad de todos los programas sociales del país. En ese año, lanzó la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO), esfuerzo conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El informe presentado el día de hoy ilustra en particular la situación en la que se encuentran cada una de las 14 entidades federativas donde habrá elecciones en julio, así como los programas sociales federales que operan en el país.

El estudio muestra que buena parte de los programas sociales cuentan con mecanismos de quejas y denuncias de tipo electoral, aunque no todos. El 71.94% de los 1,561 programas sociales vigentes del país registrados voluntariamente por dependencias federales y entidades federativas reportan difundir los mecanismos para la presentación de quejas y denuncias de tipo electoral. El 71.64% en programas de entidades federativas y el 78.08% en programas federales.

Asimismo, el 80.7% de los programas sociales vigentes informan a los servidores públicos sobre las faltas administrativas y penales si se utilizan recursos públicos y/o acciones de gobierno para la compra o coacción o condicionamiento del voto. A nivel estatal, el 80.11% de los programas sociales reportan hacerlo; y a nivel federal, el 93.15%.

En opinión de Transparencia Mexicana, la protección especial que se brinda a los programas sociales durante el periodo electoral es todavía insuficiente. En particular si se considera que un número significativo de programas sociales en el país carece de normas claras y accesibles, mecanismos de control y fiscalización y niveles de transparencia apropiados para su institucionalidad mínima.

Transparencia Mexicana recordó que uno de cada dos programas sociales del país todavía no hace público su presupuesto, ni un informe público sobre el ejercicio del gasto. Identificar la información oficial sobre este tema resulta complejo y es necesario esperar hasta dos o tres años para tener confirmación de ésta mediante la cuenta pública de los gobiernos federal y estatales.

La organización ciudadana confía en que los resultados de este informe contribuyan a un debate informado de las fuerzas políticas del país en materia de protección de programas sociales, uno de los temas que ha cobrado fuerza en las últimas semanas en el Pacto por México.

 

Consulte el  Informe especial de mecanismos de queja y denuncia en materia electoral sobre programas sociales federales y estatales

 

 

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