¿Cambiar o erosionar?

Una nueva marea legislativa está llegando y no es sólo porque está por dar inicio del periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, sino también por la discusión que se ha generado en torno a las reformas en materia energética, fiscal y de transparencia, así como las leyes reglamentarias de la reforma educativa, por mencionar algunas. El debate público sobre el mismo ha ido aumentando: circulan más videos en las redes sociales, más columnas de opinión, trending topics que hacen alusión a la agenda legislativa, entre otros. Tenemos que reconocer que este entusiasmo por las reformas ha sido positivo y un sector más amplio de la ciudadanía mexicana se encuentra al pendiente de las noticias y de la discusión.

 Sin embargo, existe el riesgo de que esta ola reformista se vuelva una nueva decepción para los mexicanos. Y no por ello nos referimos a las aristas de las reformas energética o fiscal, sino al marco en el que podrían darse estas y otras reformas. Y ese marco es nuestro sistema nacional anticorrupción.

 ¿Cómo será posible debatir la forma en que participaría la iniciativa privada en PEMEX o CFE sin pasar por la transparencia sindical o sin una declaración de intereses de sus funcionarios? ¿Cómo será posible debatir un nuevo modelo fiscal sin saber quiénes recibieron créditos fiscales? ¿O sin saber cómo se gastaron los excedentes petroleros o si no se sanciona a quienes hicieron mal uso de ellos?

 Éstas son solamente algunas preguntas que ilustran la importancia de articular a todos los actores relevantes – como lo son la PGR, la SFP, la SHCP, el IFAI y la ASF, ya sea mediante mejores esquemas de coordinación o mediante el liderazgo de un órgano especializado – antes de realizar cambios con implicaciones significativas para la toma de decisiones y el manejo de los recursos públicos. Y lo más importante de todo es que los mexicanos se dan cuenta de ello: una encuesta reciente de El Universal y Buendía&Laredo[1] señala que 1 de cada 4 mexicanos opina que la reforma más importante es aquella para combatir la corrupción.

 Dicha reforma, que incluye cambios en materia de transparencia y en la posible creación de un órgano especializado, deben ser coherentes con las aspiraciones y retos que plantean las otras reformas. No será posible hablar de una verdadera evaluación de la educación, de un sector energético competitivo o de un mejor gasto público sin avanzar en la mejora del acceso a la información y en la sanción efectiva de los casos de corrupción.

Esta próxima ola legislativa, que de vista pareciera tendrá una alta cresta, corre el riesgo de erosionar más la confianza de la ciudadanía en las instituciones si no se decide de una vez por todas cambiar nuestro marco anticorrupción y fortalecer la máxima publicidad y acceso a la información, la rendición de cuentas y la cero tolerancia a la impunidad.