Aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: un compromiso por la transparencia, la participación y la rendición de cuentas

Quince años después de la llegada del nuevo siglo, el sistema internacional ha formalizado la adopción de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que deberán dar continuidad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), acordados en el año 2000 en el seno de la Organización de las Naciones Unidas.  Los ODM constituyeron en su momento un acuerdo global para, a grandes rasgos, combatir la pobreza, el hambre, la disparidad en el acceso a servicios de salud y de educación, y de oportunidades para niñas y mujeres.

Al acercarse el cumplimiento del plazo que se había asignado a los ODM, se pusieron en marcha nuevas negociaciones para acordar su continuidad y tras más de dos años de trabajo, se ha consensado una agenda de desarrollo global, también conocida como agenda ‘post-2015’, que aspira a ser de alcance mucho más ambicioso que la anterior, se centra en la persona (y no en los Estados), y cuenta con un enfoque transversal de derechos humanos. Dicha agenda, negociada durante la primera mitad del año, está siendo aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco de la declaración “Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible”[1].

Un tema central en la consecución de los ODS es su implementación. Un primer reto radica en la creación de indicadores que permitan medir el progreso nacional y al mismo tiempo, hagan posible que los reportes sean comparables a nivel internacional. Un segundo reto, pero desde luego no menos importante, está dado porque esa implementación forzosamente involucra recursos. De acuerdo con algunas estimaciones, el costo para erradicar la pobreza se estima en 66 billones de dólares, mientras que la inversión requerida para gastos en infraestructura se estima en 7 trillones de dólares[2].

De ahí que el Financiamiento para el Desarrollo (FpD), la agenda en la que se establece el mapa de ruta para la obtención de recursos a utilizar en la agenda global de desarrollo,  haya sido un punto nodal de la discusión, y sea ahora uno de los principales temas sobre los que mantener la atención conforme se avance en los compromisos nacionales para trabajar en la consecución de los Objetivos.

Tres elementos son centrales para que tanto los flujos financieros como la implementación de los Objetivos puedan ejecutarse con éxito: la transparencia, la participación, y la rendición de cuentas[3]. Estos principios son críticos para asegurar que se catalice un financiamiento y una agenda post-2015 de desarrollo sostenible que sean transformativos en todos los niveles. Son también la base para que los recursos puedan ser monitoreados, para que las instituciones que los ejecuten estén abiertas a la mirada de todos los ciudadanos, y sea más fácil verificar, con la participación de la sociedad civil, que el impacto de las acciones verdaderamente sea el deseado. Adicionalmente, la información y el acceso a datos son primordiales para llevar un seguimiento de los mecanismos que deriven de estos procesos. Los ODS ofrecen una gran oportunidad para mejorar, ampliar y profundizar en los recursos de datos disponibles.

De manera particular, la inclusión del objetivo 16, “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”, en la agenda global resulta de la mayor importancia para el trabajo que organizaciones como Transparencia Mexicana llevan a cabo al colaborar con el fortalecimiento de las instituciones de nuestro país.

Este trabajo no será viable a menos de que esté sostenido en estructuras nacionales libres de corrupción, abiertas a la participación de la ciudadanía, y que puedan ser llamadas a cuentas en relación con los resultados de la implementación de los Objetivos. Requiere del compromiso de todos, gobierno, ciudadanos, empresarios; requiere de una voluntad explícita de trabajar por el bien de todos, y no sólo de los propios intereses; requiere un esfuerzo sostenido para asegurar la viabilidad de nuestro futuro en el corto, mediano y largo plazo; y requiere que compartamos la información necesaria para que el conocimiento de esta agenda y de sus medios de implementación estén disponibles para toda aquella persona que desee sumarse a cualquiera de los procesos y acciones que deberán ponerse en marcha a partir de este momento.

Con la colaboración de Andrea Rivera.

[1] Se trata de 17 objetivos con 169 metas, que están incluidos en la mencionada declaración, que puede ser consultada en: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

[2] http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/315&Lang=E; véase también, http://tapnetwork2015.org/wp-content/uploads/2015/04/TAP-Network-FfD3-Position-Paper1.pdf

[3] Estos tres principios constituyen el foco de trabajo de una red de organizaciones internacionales, de la que tanto Transparencia Mexicana como Transparencia Internacional, son miembros. Esta red, ‘the TAP Network’ (en inglés, Transparency, Accountability, Participation Network) ha trabajado en el último año de manera muy cercana a las negociaciones de las agendas post-2015 y FpD en Nueva York y con los gobiernos de sus asociaciones miembro, para incidir a favor de la inclusión de esos tres principios y la participación activa de la sociedad civil. Su página puede ser consultada en http://tapnetwork2015.org/