Las contrataciones públicas se refieren a la compra de bienes, servicios y obras, por parte de los gobiernos. Estas compras se realizan con dinero público, de manera que deben regirse bajo criterios rigurosos para comprar de manera favorable y eficiente asegurando el mayor beneficio y calidad del bien o servicio para la ciudadanía. México, por ejemplo, utiliza alrededor del 25% del presupuesto total en contratos de bienes, servicios y obra pública1.

Transparencia Mexicana promueve que los gobiernos no solo compren favorablemente y encontrar la mejor relación entre calidad y precio; sino que se integren criterios para que las compras públicas contribuyan a la protección del medio ambiente y al desarrollo social y económica. A este enfoque Transparencia Mexicana le denomina compras públicas abiertas, incluyentes y  sustentables (CAIS). 

Hasta la fecha, existe una definición sobre Compras públicas sostenibles (CPS). Las CPS consisten en adquirir productos, servicios y obras con una buena relación calidad-precio a lo largo de las cadenas de suministro considerando el costo del ciclo de vida del producto, obra o servicio, incluyendo el costo de uso, de mantenimiento y de eliminación del producto y la contabilización de sus externalidades a lo largo de su vida2. Las CPS se diferencian de las Contrataciones Públicas Verdes -CPV- (Green Public Procurement) porque trabajan en los tres pilares del desarrollo sostenible (ambiental, social y económico), mientras que las segundas se centran sólo en las consideraciones medioambientales3. 

Transparencia Mexicana impulsa, como parte de sus esfuerzos porque la anticorrupción sirva a la reducción de desigualdades y en apego a la normatividad nacional en materia de contrataciones, protección al medio ambiente y otros ámbitos, que las compras públicas sean abiertas, incluyentes y sustentables.

“Mejorar la apertura y asegurar la inclusión social y la sustentabilidad en los sistemas de contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y obra pública, permite a los gobiernos federal, estatal y municipal; así como a los tres poderes del gobierno en México (ejecutivo, legislativo y judicial) la inclusión de nuevos actores económicos, entre ellos los sujetos de derechos colectivos, los pueblos y comunidades indígenas, al tiempo que permiten reducir los impactos socioambientales del entorno, para las generaciones futuras,” señaló Transparencia Mexicana en un comunicado.

Mediante las contrataciones abiertas incluyentes y sustentables, los gobiernos y las dependencias pueden adquirir bienes, servicios y obra pública quitando barreras de entrada a cooperativas, pequeñas y medianas empresas, organizaciones productivas. Así como se impulse la inclusión social y que se adquieran bienes y servicios que tomen en cuenta y fortalezcan la protección al medio ambiente y los recursos naturales.

Son contrataciones abiertas (CA) porque promueven la transparencia mediante el uso de  bases de datos completas, legibles, procesables por métodos estadísticos y que facilitan la evaluación de la contratación pública (adquisiciones de bienes, servicios y obra pública). La información pública debe corresponder a la totalidad del ciclo de contratación (desde la determinación de la necesidad hasta el finiquito del contrato) y los contratos deben ser públicos en su totalidad. 

Son contrataciones incluyentes (CAI) porque  contribuyen a disminuir barreras de acceso a pequeñas y medianas empresas, a cooperativas o a organizaciones productivas de personas y grupos sistemáticamente  discriminados. En ocasiones, la propia ley impide el acceso del potencial redistributivo de la contratación pública en detrimento de organizaciones sociales o comunitarias del país.

Son contrataciones sustentables (CAIS) (no solo sostenibles) porque integran tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental a los procesos de adquisición de bienes, servicios y a la obra pública. Esto con el objetivo de mitigar los efectos negativos que la contratación pública tiene sobre el medio ambiente y abrir puerta a la innovación.

México, desde su Constitución Política y en el conjunto de leyes que conforman el sistema jurídico mexicano en materia de contrataciones públicas, cuenta con las bases para que se impulse un sistema de contrataciones públicas abiertas, incluyentes y sustentables. Hasta la fecha no hay un lineamiento general que obligue de manera explícita a que las compras públicas gubernamentales integren criterios de inclusión y sustentabilidad,  pero sí existen las bases legales para su promoción y avance. 

 

 1. OCDE (2021) https://www.oecd.org/es/publications/contratacion-publica-en-el-estado-de-mexico_fb81b622-es.html

2.  UNEP, 2021, pp. 16, 17; Kopp, 2011, p. 6; UNEP, 2021, p. 15; Banco Mundial, 2023, p. 1; ISO 20400:2017

3.  Banco Mundial, 2023, p. 1; Kopp, 2011, p. 6

 

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