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Uso discrecional de recursos públicos requiere cambio profundo en mecanismos de asignación y control que rigen al Ramo 23 del PEF
El conflicto entre el gobierno de Chihuahua y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en torno al pago de tres convenios por 780 millones de pesos ha puesto en el debate nacional una de las causas más importantes de la corrupción en el sector público: la discrecionalidad en el ejercicio del gasto por parte de la autoridad hacendaria. Los que firmamos este comunicado consideramos que esta es una oportunidad para exigir un cambio profundo en los mecanismos de asignación y control sobre el gasto público, particularmente los que rigen al Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
La Secretaria de Hacienda tiene la capacidad para aprobar una gran cantidad de recursos adicionales y modificar los presupuestos aprobados y asignados, mediante el Ramo 23 (Previsiones Salariales y Económicas) y a través de las adecuaciones presupuestales. Estos mecanismos colocan a la SHCP en una posición de poder y privilegio, desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar a los aliados o adversarios del gobierno en turno. Tenemos un sistema con reglas laxas y poco claras, en donde los pesos y contrapesos que deberían existir en un sistema democrático quedan anulados. Los usos y costumbres de la Secretaría de Hacienda son una herencia vigente de nuestro pasado centralista, donde el Ejecutivo Federal tenía facultades legales y extralegales para doblegar a los poderes regionales.
En una democracia funcional sería de esperar que el Congreso de la Unión exigiera a la SCHP una explicación sobre las enormes variaciones entre el dinero presupuestado y el efectivamente ejercido. La débil rendición de cuentas del Poder Legislativo sobre el ejercicio de la bolsa presupuestal, pone en duda el cabal funcionamiento de la división de poderes en nuestro país. Para recobrar el equilibrio de poderes es necesario abrir un debate sobre las reformas legales necesarias que frenen el uso discrecional, político y electoral del presupuesto. A ese efecto exhortamos a los legisladores a convocar al Secretario de Hacienda a una comparecencia con el fin de explicar los detalles del uso que se ha hecho de los recursos del Ramo 23.
Al mismo tiempo, es necesario que los gobernadores asuman su responsabilidad en el cobro de impuestos, dejando atrás la “pereza fiscal” que los ha caracterizado; que asuman su compromiso con el ejercicio transparente de los recursos y: que se sometan ellos mismos a los controles y supervisión que exigen al gobierno federal.
Firman:
Causa en común
Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY)
Ciudadanos Contra la Corrupción
Ciudadanos por la Transparencia
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila
Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León
Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas
Ficosec
Impunidad Cero
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
Jalisco, ¿cómo vamos?
Más ciudadanía
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
Mexicanos Primero
México, ¿cómo vamos?
México Evalúa
México SOS
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)
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El Poder Judicial debe abonar a la construcción de un 'Estado de Derechos', o un Estado enfocado en proteger el derecho de todas y todos. Cualquier reforma debe servirle a las comunidades y las personas que las integran.
El análisis y la sensibilización sobre el cumplimiento de compromisos regionales en materia anticorrupción debe ser incluyente y de fácil comprensión.
De esta sesión nos quedamos con que nuestra forma de hablar y comunicarnos es una declaración y una posición política. #OCCA propósito de la indispensable discusión sobre el futuro de las notarías en México, @ebohorquez, Director de TMX, se reunió con los responsables del concurso de oposición para entregar las Fiat en Guanajuato.