¿Trabajan mejor los actores sociales sólo por el hecho de trabajar juntos?

Sin saber cuál es la respuesta correcta a esta pregunta, me aventuro a decir que no puede ser un sí rotundo. En los últimos años, incluso décadas, hemos sido testigos de la proliferación de plataformas, grupos, iniciativas, etc., que tienen como objetivo sentar en la misma mesa a gobiernos, sector privado y sociedad civil para analizar y resolver complejos problemas sociales.

Esto que se presenta como una estrategia ganar-ganar, muchas veces no lo es tanto, o los que ganan son siempre los mismos. En principio, trabajar en un clima de transparencia, donde se comparte información y se toman decisiones consensuadas sólo puede ser “bueno”, sin embargo, hay que admitir que la implementación de las decisiones que en semejantes grupos se tomen y la instauración de prácticas participativas que tengan un impacto real, depende en última instancia del gobierno.

Los gobiernos pueden elegir la información que comparten y crear tales grupos sólo con ánimo de mejorar su imagen lo mismo que las empresas. El sector privado en principio no está obligado a someterse al escrutinio de otros actores pero tiene mucho que ganar en cuanto a reputación (y por lo tanto en beneficios) si así lo hace. Por su parte las organizaciones de la sociedad civil que participan en grupos multi-actor pueden al final ser un convidado de piedra entre los demás actores, cuando no, ser elegidas por estar alineadas con quien realmente ostenta el poder. Esto nos lleva a reflexionar también sobre el tema de la legitimidad de los actores que se sientan alrededor de la misma mesa. ¿Son los que tienen que estar? ¿Quién los elige y bajo qué criterios?

En definitiva las “bondades” que puedan traer consigo los grupos multi-actor en cuanto a gobernanza dependerán de los cambios sociales que provoquen y que aún no se han visto de forma clara, por lo tanto, no se pueden sacralizar por el mero hecho de que existan.

Que exista la voluntad de transparentar y consensuar es sin duda positivo pero es necesario establecer mecanismos que permitan monitorear y evaluar la calidad de los actores invitados a participar en términos de legitimidad así como el contenido y el impacto de las decisiones por ellos tomadas.