Ante las acusaciones sobre posibles irregularidades en la contratación de bienes y servicios para la operación del Instituto Nacional Electoral (INE), y a raíz de la renuncia de quien fuera la consejera presidenta hasta el día 26 de octubre de 2026, Transparencia Mexicana (TMX) planteó siete acciones para recuperar la confianza social en el órgano responsable de conducir el proceso electoral 2027.

1. Sobre el proceso de designación de la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral. Transparencia Mexicana establecerá comunicación con la Cámara de Diputados, responsable de conducir la designación, para proponer medidas adicionales de verificación de la integridad de las personas aspirantes al cargo. Entre otras, una revisión preventiva por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y un análisis exhaustivo de la declaración de intereses —y no solo patrimonial—  de las y los aspirantes. 

2. Sobre la investigación de las posibles irregularidades en materia administrativa por parte de la Auditoría Superior de la Federación. TMX reconoció el carácter proactivo de la investigación anunciada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en particular que las investigaciones llegarán hasta los Organismos públicos locales electorales (OPLES) donde también operan los proveedores bajo sospecha. Transparencia Mexicana recomendará a la ASF ampliar el alcance de las investigaciones a una muestra adicional de contrataciones realizadas por el Instituto durante el periodo de la presidencia de Guadalupe Taddei y realizar una auditoría forense sobre el conjunto de contrataciones para establecer si las condiciones de precios en las que se dieron esos contratos se comportan de manera razonable. 

3. Sobre la investigación en materia penal.  Transparencia Mexicana recordó que las irregularidades denunciadas y los posibles delitos cometidos van más allá del llamado “conflicto de intereses”, por lo que esas conductas también deben ser investigadas. La organización civil enfatizó que la Fiscalía General de la República (FGR)  también puede actuar de forma proactiva, iniciando una investigación de oficio sobre los posibles responsables de esos delitos, se trate de servidores públicos o de empresas. Transparencia Mexicana recordó que la responsabilidad penal de las empresas está prevista por el código penal y puede ser aplicada en este caso.

4. Medidas adicionales dentro del Instituto Nacional Electoral. El Órgano Interno de Control del INE, designado por la Cámara de Diputados, puede actuar con celeridad en la revisión de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios involucrados en los procesos de adquisiciones y obra del Instituto, así como plantear acciones de mitigación ante posibles conflictos de intereses aparentes, potenciales o reales. El pleno del Instituto Nacional Electoral puede iniciar otras medidas preventivas en el marco de sus facultades y atribuciones. La plataforma de transparencia anunciada hace unos días, resulta insuficiente para la gravedad de las acusaciones.