América Latina y el Caribe, como región, tiene alta probabilidad de experimentar consecuencias severas como resultado del cambio climático. La región ya está altamente expuesta a múltiples amenazas climáticas, como los huracanes, inundaciones, sequías u olas de calor. Y aunque el clima de la región ya está cambiando, se esperan mayores variaciones para la región en las próximas décadas (Corporación Andina de Comercio, 2014).

Transparencia Mexicana se dio a la tarea de conocer los atributos que a nivel institucional puedan fomentar la adaptación al cambio climático a nivel municipal y  junto con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México se desarrolló la Medición Multidimensional de Capacidad Institucional que Fomente la Adaptación al Cambio Climático en México (MCI).

La medición multidimensional MCI es una herramienta para analizar los recursos y habilidades institucionales con las que cuentan los gobiernos locales para atender una emergencia o desastre derivado de un evento climático que se produce de manera súbita (dimensiones de capacidad de respuesta) y de los recursos institucionales que podrían incidir en modular la capacidad de adaptación en un largo plazo (dimensiones de capacidad adaptativa).

Uno de los propósitos de este análisis es brindar aportes sobre las condiciones institucionales con las que cuentan los gobiernos municipales para facilitar la implementación de la política de cambio climático, en su vertiente de adaptación, a nivel local. Esto nos brinda una línea base de la que se puede partir para el fortalecimiento de capacidades institucionales.

La MCI se construyó a partir de 28 indicadores propuestos de capacidad institucional, de los cuales 12 hacen referencia al ámbito de capacidad de respuesta y 16 al ámbito de capacidad adaptativa. Además estos indicadores cubren cinco dimensiones:

1) Instrumentos de planeación,

2) Capacidad administrativa,

3) Coordinación política e institucional,

4) Transparencia y rendición de cuentas y;

5) Participación ciudadana.

En términos generales, la MCI muestra un panorama en el que 9% de los municipios tienen muy baja capacidad institucional en los ámbitos de capacidad de respuesta y adaptativa. Ello implica que las habilidades y recursos con los que cuenta para atender una emergencia o desastre derivado de un evento climático que se produce de manera súbita (corto plazo), así como los elementos institucionales que pueden fungir como facilitadores de capacidad adaptativa (media y largo plazo) son limitados, por lo que son municipios que requieren de estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales.

La mayoría de los municipios (60%) se concentra en las categorías baja y moderada de los dos ámbitos. Con respecto a la capacidad de respuesta, esto significa que la mayoría de los municipios no cuentan con mecanismo para coordinarse con otros niveles de gobierno, ni con recursos materiales para llevar a cabo acciones de protección civil. En términos de la dimensión de capacidad adaptativa, la mayoría de los municipios no tiene instrumentos como su Programa Anticorrupción ni cuentan con mecanismos de coordinación entre municipios. Además, estos municipios carecen generalmente de espacios de participación ciudadana en materia de planificación y evaluación, desarrollo urbano, medio ambiente y ecología y asignación presupuestal.

Como parte de los resultados, la MCI logró identificar los cinco municipios con menor y mayor capacidad institucional en México.

 

 

Los indicadores de la MCI tratan de abarcar, en la medida de los posible según las fuentes de información públicas accesibles, los 2,454 municipios de México. La MCI se construyó a partir de fuentes de información oficiales, que incluyen el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD-INEGI, 2015); el Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD-INEGI, 2014); el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales (INE, 2015); Áreas Naturales Protegidas Municipales (CONABIO, 2015); y los Programas de Ordenamiento Ecológico Local (SEMARNAT, 2015).

 

Consulta el resumen ejecutivo:

 

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