Barómetro de Corrupción para América Latina y el Caribe.

Hoy publicamos el Barómetro de Corrupción Global, titulado Corrupción y Gente: America Latina y el Caribe. De acuerdo con los datos contenidos en el mismo, podemos ver desarrollos alarmantes para la región. El primero es que la percepción de corrupción está aumentando. 62 por ciento de las personas encuestadas consideran que la corrupción ha aumentado en los doce meses previos al sondeo. Poco más de la mitad consideran que el gobierno ha sido ineficiente en luchar contra la misma.

Más alarmante aún es el porcentaje promedio de encuestados que dicen haber pagado un soborno al intentar utilizar un servicio público. Esta figura fue del 29 por ciento de una muestra de 22 mil personas en veinte países. Lo que esto implica es que es altamente probable que, tomando en cuenta el total de las poblaciones de estos países, noventa millones de personas hayan pagado sobornos. El porcentaje más alto de ellas se encuentra en nuestro país, en el cual poco más de la mitad (51%) de los encuestados dicen haber sobornado a un funcionario. En promedio, sólo el 28 por ciento de los encuestados que dijeron pagar un soborno reportaron haber enfrentado consecuencias por ello. Asimismo, casi la mitad (47%) de los encuestados respondieron que consideran que la policía y los funcionarios públicos son corruptos. Esto indica un grado de confianza en las instituciones alarmantemente bajo.

El reporte hace cuatro recomendaciones para fortalecer el sistema judicial y permitir a la ciudadanía hablar sobre la situación sin miedo a las consecuencias. Primero, fortalecer las instituciones involucradas en la detección, investigación, y penalización de crímenes relacionados con la corrupción. Segundo, la eliminación del fuero político para casos relacionados con corrupción. Tercero, fortalecer la capacidad de investigación de la policía, reforzar medidas de disciplina interna, y establecer mecanismos permanentes de rendición de cuentas para la policía. Finalmente, crear canales efectivos de denuncia que protejan al denunciante de retribuciones. 

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