Por Martha Tagle

La ratificación por parte del Senado de Paloma Merodio como Vicepresidenta del INEGI, ha puesto de nueva cuenta en el debate público el tema de las designaciones públicas, que en otros momentos se han hecho escuchar con campañas como “Sin cuotas, ni cuates” que cuestionaron el nombramiento de Eduardo Medina como Ministro de la SCJN.

Más allá de la discusión sobre las capacidades de la persona en cuestión, el problema se centra en que la participación del legislativo en la ratificación, selección o nombramiento de funcionarios públicos diversos, es con el fin de ejercer una función de control y hacer los contrapesos que requiere el diseño institucional en la división de poderes. Se supone que ello generaría no sólo designar a la persona que cumpla con los requisitos establecidos en las leyes, sino además verificar su idoneidad, y garantizar que la persona designada no esté sujeta a ningún acuerdo o compromiso político que le quite autonomía.

Nada de esto sucede con las designaciones públicas que pasan por el legislativo, ya sea porque ceden a su función de contrapeso del Ejecutivo, o porque buscan establecer su cuota de poder, designando a funcionarios que se sientan ligados o comprometidos con quien en realidad los nombró.

Las designaciones públicas son una de las principales funciones de control del Poder Legislativo, y cada vez hay más cargos cuya designación pasan por el Congreso.

Actualmente las múltiples reformas constitucionales en diversas materias le han otorgado al Senado, de manera casi imperceptible, una cantidad considerable de nuevas funciones de control que se suman a las que ya tenía establecidas y que, en algunos casos, fueron modificadas para generar un mayor corresponsabilidad entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo (Marván y Casas, 2013).

Desde inicios de la LXII Legislatura en 2012 a la fecha, el Senado de la República ha llevado a cabo aproximadamente 1781 procesos de designación, ratificación o nombramiento a diversos funcionarios públicos, de los cuales, 198 han sido procesos de designación y 1583 nombramientos de ratificación. Algunos de los procesos llevados a cabo por el Senado durante este periodo son: 5 Ministros de la SCJN, 127 Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales en Materia Electoral, 127 ratificaciones de Personal Diplomático, 1,267 ratificaciones de Grado Militar o Naval, 3 integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, 8 Comisionados de la COFECE, 5 integrantes de la Junta de Gobierno del INEGI, 11 empleados Superiores de la SHCP, 10 integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, y 3 Titulares de la PGR, entre otros.

De ahí la importancia de realmente abrir las designaciones públicas al escrutinio de la sociedad civil, y ordenar los procesos de designación pública, a fin de que todos sigan criterios mínimos, cuantificables y evaluables, que pongan control a una de las principales las funciones del Legislativo. En el senado ha quedado inscrita una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso, que busca regular los procesos de designaciones públicas, espero que, en aras del fortalecimiento del régimen democrático y la división de poderes, prospere pronto antes de continuar con otras designaciones como la del Fiscal General, pues son torales para combatir la impunidad, que junto con la corrupción, son los principales lastres de nuestros días.

Tagged with:
 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *