Hace algunos años, el movimiento por la transparencia se convirtió en la lucha por el Gobierno Abierto. Pasamos de promover el acceso a la información a exigir que los ciudadanos sean parte de las decisiones públicas. Ya no basta saber qué hacen los gobiernos. Cualquier persona interesada en resolver los problemas de su comunidad debe poder utilizar la información pública para proponer soluciones, y esas propuestas deben ser consideradas por las autoridades al momento de establecer políticas o modificar normas. Estas ideas están englobadas en los tres principios de Gobierno Abierto: (i) aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas; (ii) aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales –transparencia– y (iii) apoyar la participación ciudadana.

En México hemos tenido avances importantes en materia de transparencia. Nuestras leyes reconocen el acceso a la información pública como un derecho y hemos creado organismos que garantizan el ejercicio de ese derecho. También podemos saber cómo y a quiénes compran los entes gubernamentales, así como los recursos comprometidos en ello. Nuestros gobiernos –federal, estatales y municipales– están obligados a proporcionarnos toda esta información, pero necesitamos dar el siguiente paso. Los ciudadanos debemos ser actores en los procesos de decisión pública. Desde 2011, nuestro país forma parte de la Alianza por el Gobierno Abierto y se ha comprometido a promover sus principios, descritos arriba. En otras palabras, ahora no sólo podemos ver, sino también tocar y transformar lo que hay dentro de nuestras instituciones públicas.

La Métrica de Gobierno Abierto 2017

El pasado 13 de marzo fue presentada la Métrica de Gobierno Abierto 2017 (MGA) en las instalaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La Métrica, elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas,  evalúa el desempeño de las instituciones y les da una calificación de acuerdo con dos de los tres principios de Gobierno Abierto: transparencia y participación ciudadana. Este ejercicio traza una línea base sobre la que deberán estar orientadas las políticas a favor del Gobierno Abierto. La MGA es un primer esfuerzo por identificar el avance y los retos que enfrentan las instituciones públicas para construir una sociedad informada y participativa.

Las calificaciones de la MGA van de 0 a 100 en tres rubros: transparencia, participación y la calificación general de Gobierno Abierto. La última es igual al promedio de las otras dos. De esta manera, un gobierno con calificación general de 100 es completamente abierto y transparente: las autoridades brindan información clara y puntual y los ciudadanos pueden participar ordenada y fácilmente en la toma de decisiones públicas. Un gobierno con calificación de 0 es completamente opaco –no brinda ni publica información de ningún tipo– y no permite que sus ciudadanos participen.

Tanto en transparencia como en participación ciudadana, la entidad mejor evaluada es la Ciudad de México, con 62 y 40 puntos respectivamente. La entidad peor evaluada en materia de transparencia es Querétaro con 32 puntos. La entidad peor evaluada en materia de participación es Tlaxcala con 19 de 100 puntos posibles. Sobre las calificaciones generales, la entidad mejor evaluada también es la Ciudad de México y la peor, Querétaro, con 51 y 27 puntos cada una.

A nivel nacional, México obtiene 50 en transparencia y 28 en participación ciudadana. En conjunto, la calificación de nuestro país en materia de Gobierno Abierto es de 39 sobre 100 puntos posibles. Los resultados parecen desalentadores —¡estamos reprobados!–, pero debemos comprender que las políticas a favor del Gobierno Abierto son nuevas en nuestro país y que los cambios toman tiempo. Puesto de otra forma, nos quedan 61 puntos por mejorar.

En efecto, lograr que México sea un país abierto y participativo requiere tiempo y esfuerzo. Ya hemos tomado acciones para avanzar en esa dirección, pero ha sido sólo el principio. El Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública ya están disponibles en formatos accesibles para la mayoría de los ciudadanos. Debemos replicar estas prácticas a nivel local. Así podríamos emitir recomendaciones al gasto que hacen nuestros estados y municipios, para que éste corresponda con las necesidades de cada comunidad. En el mismo sentido, la Auditoría Superior de la Federación debe utilizar formatos similares para sintetizar la información de las revisiones que hace sobre el gasto público. El propósito es facilitar el ejercicio de rendición de cuentas, para que la mayoría de los ciudadanos puedan saber en qué sí y en qué no gasta el gobierno procurando el bienestar de la población. El reto es enorme, porque tenemos que cambiar reglas, formatos, métodos y mecanismos en todos y cada uno de los entes públicos.

Además, necesitamos fomentar la cultura de participación y exigencia de cuentas por parte de la ciudadanía, y que los ciudadanos que ya participan sean tomados en cuenta. En esta historia hay dos partes. Por un lado, gobiernos que brinden información clara a sus ciudadanos aprovechando las nuevas tecnologías. Por otro lado, ciudadanos que puedan incidir en las decisiones públicas –más en los hechos que en las palabras de la ley.

Consulta los resultados completos en: http://eventos.inai.org.mx/metricasga/index.php/datos-abiertos

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